Tras un mes desenredando la tensión en el sector, el Consejo de Gobierno aprobó ayer la Ley de Aguas con apoyo de regantes y agricultores. La ley unificará las tarifas del agua para toda Andalucía: los que pagan muy poco, aportarán más, y los que pagan mucho, se mantendrán. Éste será un tema que Junta, PP e IU tendrán que consensuar en la Cámara.
La Ley de Aguaa es la primera norma autonómica que surge del traspaso de competencias del río Guadalquivir, inscrito en el nuevo Estatuto. La Consejería de Medio Ambiente la considera "clave" en esta legislatura por dos razones: porque regulará el ciclo integral del agua en Andalucía, lo que redundará en "mayor ahorro y mayor beneficio"; y porque será la herramienta para cumplir con las directrices de la UE en materia medioambiental, que exige que todo el agua esté depurada en 2015.
La Junta sostiene que la normativa aprobada ayer en Consejo de Gobierno permitirá cumplir ese objetivo al final del mandato, en 2012.Ahora, entre el 85 y el 90% de los municipios andaluces depura bien el agua, el resto no lo hace correctamente por falta de un plan de saneamiento y de unas infraestructuras que requieren una importante inversión de capital. Y eso es lo que viene a cubrir la ley.
Una de las consecuencias de regular la gestión del agua será corregir el vigente desequilibrio de tarifas que existe entre los distintos municipios andaluces. La consejera Cinta Castillo dijo ayer que la ley servirá para "homogeneizar" los precios entre los territorios, evitando que unos ayuntamientos cobren más que otros por el agua a sus vecinos. Este punto tiene un doble enfoque: la oposición acusa al Gobierno de cargar a los ciudadanos con más impuestos en plena crisis, mientras que la Junta insiste en que "no habrá un incremento general en las tarifas". Los acercamientos tendrán que producirse en el Parlamento. Por ahora, la Junta ha logrado atraer a regantes y agricultores, incorporando el 80% de sus enmiendas.
Para unificar los precios, los municipios que menos pagan tendrán que aportar más, mientras los que ahora tienen tarifas más altas, las mantendrán. "Para más de cuatro millones de andaluces que ya cuentan con las infraestructuras no habrá incremento, es más, para muchos de ellos se verá aminorado", dijo Castillo.
El plazo para esta homogeneización es de cinco años a partir de enero, cuando entra en vigor la norma. La ley recoge un nuevo organismo -el Observatorio Público del Agua- que será el que busque el precio único del agua tras analizar la variedad de tarifas que existe. El precio estará en consonancia con el consumo y las cantidades que recauden los ayuntamientos se reinvertirán en el plan de infraestructuras de depuración y saneamiento. Dicho plan deberá estar listo en dos meses desde la entrada en vigor de la ley.
Otra de las novedades es la creación de bancos públicos de agua, que servirán para sacarla de las zonas más lluviosas de Andalucía y redistribuirla por los municipios más secos. La Junta hará ofertas públicas de adquisición de derechos de uso de estos bancos.
