La reforma de la Ley de Cajas, que expulsará de los órganos de gobierno de las entidades en tres años a los políticos con cargos electos y limitará el sueldo de los presidentes, fue aprobada ayer por el Parlamento con el único apoyo de la mayoría socialista y los votos en contra de PP e IU.
La nueva ley, que adapta la normativa andaluza a la legislación estatal, prohíbe las indemnizaciones por cese y cualquier otro tipo de compensaciones para los miembros de los órganos de gobierno cuando terminen su mandato. Hasta ahora, solo estaban prohibidas para el presidente y vicepresidente, ya que eran los únicos que cobraban.
Estas limitaciones llegan en mitad de las escandalosas indemnizaciones fijadas en entidades como Caja del Mediterráneo (CAM) o Novacaixagalicia. En el primer caso la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a su exdirectora general por fijarse un sueldo de 600.000 euros al año y una pensión vitalicia de 370.000 por cese. Además se investigan presuntas irregularidades en su gestión como el falseo de las cuentas. En la entidad gallega sus altos cargos se han llevado indemnizaciones de hasta 8 millones.
La norma andaluza "persigue la profesionalización" de todo el equipo directivo de las cajas, por lo que al cobrar un sueldo -que no podrá superar los 68.000 euros anuales que percibe el presidente de la Junta y será incompatible con el cobro de dietas- estarán sujetos al mismo régimen de incompatibilidades y a la prohibición de recibir indemnizaciones por cese.
Estas indemnizaciones estaban prohibidas para el presidente y el vicepresidente desde 1999 pero Cajasur se la concedió a su expresidente Miguel Castillejo en forma de compensación. La Junta lo recurrió en los tribunales pero perdió y en 2002 reformó la ley para ampliar la prohibición a todo tipo de compensaciones tras el cese.
No obstante, todas estas limitaciones solo competerán a las entidades que se mantengan como cajas de ahorro y no a las que mediante fusiones o integraciones se bancaricen, ya que la Junta no puede legislar sobre los sueldos en bancos privados. Pero si se integran mediante fusiones frías (SIP) o se mantienen como cajas aunque ejerzan su actividad de forma indirecta a través de bancos no se permitirá a los directivos percibir dos sueldos (uno por la caja y otro por el banco) y tampoco cobrar más que el presidente andaluz.
Es decir en la práctica la ley autonómica tiene poco que decir ya que llega a un sistema financiero sin cajas después de los sucesivos procesos de integración y fusión de los últimos meses. Cajasol se integró en Banca Cívica, Caja Granada en Mare Nostrum y Unicaja está en proceso de integración con Caja España Duero, si bien su actividad financiera ya se reformuló como banco.
El consejero de Economía, Antonio Ávila, defendió que la reforma se basa en criterios de "austeridad" y "duplica la presencia de la sociedad en los órganos de gobierno", que además tendrán que ser paritarios, al reducir del 15 al 12% la participación de representantes de la Junta y del 22 al 15% la de miembros de los ayuntamientos, mientras que sindicatos, empresarios y consumidores aumentan del 8 al 18% su peso en los consejos de administración.
El PP presentó enmiendas, rechazadas, para incluir a las universidades y quitar a las entidades de economía social y a los consumidores.
Dado el actual proceso de reestructuración en el que están inmersas las cajas andaluzas, la ley les da margen para no tener que adaptarse a estos cambios hasta que no les toque renovar sus órganos de gobierno, en 2013 y 2015 según los casos, un aplazamiento que también rechazó el PP que, tras su victoria en las elecciones municipales, defiende cambiar ya algunos representantes como los de los ayuntamientos.
La norma también exige a las cajas foráneas (de otras comunidades pero con oficinas en Andalucía) que dediquen parte de sus beneficios a obra social en la comunidad e incluye una disposición transitoria con un fondo de reestructuración financiera para que las cajas den crédito a empresas viables con problemas coyunturales de tesorería, dentro del programa. Este fondo, dotado con 70 millones, es aportado por la Junta dentro de su programa de préstamos, avales y ayudas reembolsables para empresas con dificultades por la crisis.
El Parlamento no logró ayer el consenso para reformar la ley de cajas que sí alcanzaron PP y PSOE en Madrid para cambiar la norma estatal. Desde el PP, Carlos Rojas, defendió la limitación de los sueldos pero criticó que aún hay exceso de políticos y la falta de voluntad de consenso. IU afeó la oportunidad pérdida de crear una banca pública.
