El Real Betis continuará en Segunda el próximo ejercicio de Liga. El Caso Xerez firmó ayer su defunción en la Liga de Fútbol Profesional, donde la entidad que dirige Carlos Osma validó los documentos necesarios para aclarar la ampliación de capital que ejecutó en 2002. Los emisarios heliopolitanos, José León y Manuel Castaño, no convencieron a la LFP.
Con una escritura pública con certificación bancaria avaló el Xerez la ampliación de capital que ejecutó en julio de 2002 y que supondrá que el Real Betis continúe en Segunda. El director general azulino, Antonio Fernández Monterrubio, fue el encargado de validar la gestión en la Liga de Fútbol Profesional, lugar en el que los emisarios heliopolitanos, José León y Manuel Castaño, no pudieron convencer a los juristas de la Liga.
La LFP emitió su veredicto final a las 20.12. Pese a la resolución, la infracción cometida en el ejercicio 2001-02 por José María Gil Silgado, presidente del consejo aquel curso, es real, ya que los servicios jurídicos no tramitaron la operación en el Registro Mercantil después de su inscripción en el Boletín Oficial del propio Registro.
Sin embargo, la falta, considerada muy grave según los estatutos de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, es sancionable sólo en términos económicos. La versión del Real Betis, que sostiene que hubo simulación de capital en 2002 y 2008, fue desestimada por los propios servicios jurídicos de la Liga, asesorados por Miguel María García Caba.
La decisión de la LFP se envió a última hora de la tarde a los clubes interesados -Betis, Xerez y Alavés-, cuyas alegaciones no podrán demorarse más allá del 3 de agosto, día en el que se publica la composición definitiva de la Primera y Segunda. Empero, las opciones de un ascenso del conjunto de Tapia se escapan.
El principal óbice de los abogados del Real Betis fue el vacío legal. La Ley de Sociedades Anónimas Deportivas exige que un club que asciende a Primera o Segunda debe someterse a una ampliación de capital mediante desembolso dinerario. El primer procedimiento es inscribir la operación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, -un trámite que el Xerez cumplió-, en los términos estipulados por el Consejo Superior de Deportes y la LFP.
En el caso archivado, la entidad que entonces presidía José María Gil Silgado debía abonar 7,3 millones de euros para someter a su patrimonio neto a una suma de valor.
Precisamente, el propio Gil Silgado fue el encargado de ingresar la cantidad requerida en una entidad bancaria de Jerez, donde fue emitida una certificación que se unía a la escritura pública que había sido firmada ante notario. Sin embargo, la entidad jerezana no completó la gestión, no tramitó la inscripción en el Registro a causa de la fase de venta en la que se había instalado y retrasó el veredicto final del Consejo Superior de Deportes, que nunca concedió validez definitiva a la operación.
Así, el staff azulino incurrió en un defecto de forma, que trató de solucionar en 2008 mediante una compensación de créditos, una maniobra denunciada por los servicios jurídicos del Betis.
La clave.
Según unos documentos a los que ha accedido en exclusiva El Correo, el director general del Xerez Deportivo, Antonio Fernández Monterrubio, comunicaba en el capítulo de anexos de las asambleas generales de compromisarios la incidencia -detalle de la imagen principal-. "Con fecha 25 de julio de 2002 se procedió ante el Notario D. José Luis Lledó González a una ampliación de capital por valor de 7.314.170 euros, por lo que el capital social es de 10.769.989,60 euros" (sic).
Sin embargo, nunca se tramitó la operación, que se demoró hasta que en 2008 se procedió a la compensación de créditos, una medida que el Consejo Superior de Deportes analizó y a la que concedió viabilidad. "La ampliación del capital aprobado está pendiente de inscripción en el Registro Mercantil.
Igualmente, el capital social está compuesto por 179.200 acciones nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del R.D. 1.084/1991, de 6 de julio, sobre Sociedades Anónimas, la Comisión Mixta estableció un capital de 1.051.771 euros".
La Liga anunció que la denuncia del letrado Juan Carlos Porras es extemporánea, carece de buena fe y fue firmada por un jurista independiente y no por alguno de los clubes interesados. La resolución es demoledora.
