Los esquemas mentales de los más pequeños de la casa se forjan durante los seis primeros años de vida. Uno de los encargados de que esas estructuras se desarrollen de la forma adecuada son las guarderías. Un sector que no podrá seguir ejerciendo su labor si la Junta sigue incumpliendo los pagos del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, por el que bonifican parte de la cuota de los escolarizados.
Después de que el sector protagonizase varias manifestaciones, Educación pagó el pasado jueves a las escuelas infantiles los tres millones de euros que correspondían al mes de mayo. Pero la buena noticia viene acompañada de una mala: la Junta no asegura que los pagos de junio y julio se puedan acometer en los plazos previstos. No obstante, la Administración puntualiza que el plazo para el pago de junio se agota en agosto.
En el caso de que siguieran los incumplimientos, la Asociación de Enseñanza de la Economía Social (Aces), que aglutina a las guarderías, estima que la deuda del Ejecutivo andaluz sería aproximadamente de unos siete millones de euros.
Los impagos obligarían a cerca de 240 guarderías -de las casi 500 con plazas conveniadas en Sevilla- a prescindir de servicios o echar el cierre en septiembre. Según la directora del centro Mickey-Minnie, Isabel de la Chica, si la situación perdura no podrán ofertar el comedor. Sin embargo, si no ofrecen ese servicio, perderían el convenio con la Junta, que mantiene como requisito indispensable el aula matinal y el comedor. Ante los retrasos de los centros al pagar, muchos catering les han dado un ultimátum: si en septiembre no ingresan los meses de retraso dejarán de servir comida. Sin embargo, Educación insistió a este periódico en que no prevé flexibilizar las condiciones.
Ante las protestas de las escuelas infantiles y las amenazas de cerrar, muchos padres llaman temerosos a los centros. La educadora de la guardería Bicho Ana Campos explica que las familias están "preocupadas" porque en septiembre el centro no abra. Pese a que el sector de la educación infantil es el principal demandante, el presidente de Aces asegura que los padres son "los verdaderos perjudicados". Por ello, asociaciones y propietarios quieren hacer ver que la Junta a "quien no paga es a las familias", subraya Vega. De hecho, muchos centros ya han visto cómo las familias renunciaban a la plaza porque no podían costear la escolarización del pequeño.
Según el convenio, la Junta bonifica a las familias empadronadas en Andalucía un porcentaje del precio de la plaza en función de sus ingresos. Aunque este acuerdo nació en 2001 -bajo la titularidad de la Consejería de Bienestar Social- con la finalidad de que ambos padres pudieran trabajar, al pasar a manos de Educación, en 2009, la posibilidad de solicitar la ayuda se amplió a las familias en las que solo uno de ellos trabajase. No obstante, la Junta da prioridad a los menores con los dos padres en el mercado laboral.
Mientras, las guarderías siguen sobreviviendo al vendaval económico e intentarán que el último paso sea el cierre. Este es el caso del centro infantil Patin Royal, cuya directora Beatriz Estrada insiste en que si todas las guarderías cerraran sería "una medida radical". Madres como Ana Martín, quien tiene escolarizada a su hija en el centro 4 Estaciones, aseguran que si los niños se quedaran sin centros sería un cambio muy "brusco" para ellos.
Además, muchos padres no tendrían con quien dejar a sus pequeños si los centros no abrieran en septiembre.
Victoria Barbadillo, madre de una niña de la guardería 4 Estaciones, asegura que si el centro prescindiera del comedor o el aula matinal, además de exponerse a perder plazas bonificadas, no sabría con quien dejar a su hija ya que tanto ella como su marido trabajan y el resto de la familia no se puede hacer cargo de la niña. "Tendría que pagar a una cuidadora externa, lo que supondría un gasto enorme", dice.
Los pagos de la luz, el agua y el alquiler de los locales son otros de los gastos que los dueños de guarderías no podrán afrontar. Una directora, que pide el anonimato, se encuentra ante la situación de tener que dar explicaciones a su casero por no poder pagar. Gracias a la confianza del dueño del local puede permitirse, de momento, algún retraso en el alquiler, pero asegura que saldrá adelante "a costa de deberle dinero a terceros".
Si la situación sigue como hasta ahora, Aces prevé que el puesto de 1.200 educadores pendería de un hilo. La trabajadora de la guardería Bicho sostiene que ella y sus compañeros tienen miedo a que el cumplimiento de los pagos empeore. Es más, Ana Campos indica que ya hay guarderías que incumplen el pago de nóminas y la seguridad social.
Los responsables de los centros prefieren aportar dinero de sus bolsillos antes que dejar un reguero de deudas. No obstante, los educadores no descartan que los sueldos tengan que disminuir para afrontar los gastos. Aunque reducir la jornada laboral o prescindir de personal o servicios sean algunas de las opciones, la realidad es que esta medida rozaría la ilegalidad porque las guarderías han ajustado ya al máximo su personal al mínimo previsto en el Decreto 149/2009, que regula las condiciones en las que los niños deben ser atendidos. A juicio del director del centro Bicho, Daniel Fuentes, el problema está en que si la Junta no paga, las guarderías no podrán pagar a todo el personal que están obligados a contratar.
Patronal y propietarios reclaman además el pago extra de agosto que Educación acordó abonarles para mantener los centros, que con motivo de la crisis se les ha retirado.
