La madre que denunció al juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano por modificar el turno de custodia de su hijo de 11 años de edad para garantizar su salida como paje en una cofradía de la 'Madrugá' sevillana ha solicitado ser indemnizada por el gasto que le supuso tener que trasladarse en su propio vehículo desde Sevilla hasta Granada, donde se celebró el pasado mes de octubre el juicio contra el magistrado.
En un escrito elevado a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de la denunciante relata que ésta "compareció como testigo" citado por la Sala el día 4 de octubre de 2011, "por lo que reclama la indemnización prevista por el Servicio de Justicia de la Junta de Andalucía".
A esto añade que, para acudir a Granada para prestar su declaración, "utilizó su vehículo particular desde su residencia habitual en Sevilla, lo que declara bajo juramento". Hay que recordar que la madre del menor de edad denunció al juez Francisco Serrano, que finalmente fue condenado por el Alto Tribunal andaluz a dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación culposa.
EL TSJA RECHAZA INDEMNIZARLA
Pues bien, la Sala de lo Penal, por medio de una diligencia de ordenación consultada por Europa Press, ha rechazado abonar la indemnización al argumentar que no fue solicitada "en su momento, cuando acudió a declarar", por lo que le insta a pedir la referida indemnización a la Delegación Provincial de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta, "que es la encargada de abonar dicha indemnización".
Fuentes del caso consultadas por Europa Press han criticado que esta mujer "diga que fue como testigo al juicio, cuando fue la que denunció" al magistrado dando lugar al proceso judicial en su contra, y han recordado que ninguno de los testigos de este procedimiento ha pedido indemnización por el traslado a Granada, como son el padre y el abuelo del menor -que han ido a Granada "al menos dos veces"-; sus respectivos abogados; la fiscal, tres funcionarias y la secretaria del Juzgado de Familia donde trabajaba el juez imputado.
El pasado viernes, se conoció que la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha desistido de presentar un recurso de casación para solicitar la absolución del juez, todo ello a pesar de que la Fiscalía Superior de Andalucía interesó inicialmente la interposición de un recurso ante el TS para pedir la referida absolución.
CAMBIO DE POSTURA DE LA FISCALIA
En su escrito de acusación, el Ministerio Público pidió inicialmente para el magistrado diez años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de prevaricación, pero, una vez en el juicio, decidió modificar sus conclusiones provisionales y pedir la absolución del juez, pues éste dictó su resolución de una manera "imprudente o negligente" aunque no "dolosa", ya que no existen pruebas de que cometiera el delito por el que está acusado.
Para la Fiscalía, el magistrado "debía y podía" haber realizado determinadas pruebas, que "obvió sin la suficiente consistencia", antes de decidir la prórroga de la custodia en un día y medio para el padre del niño, de 11 años. Así, según su criterio, en este asunto "existen dudas razonables" acerca de los indicios de criminalidad de la actuación del juez, del que "no se ha podido acreditar que actuara en connivencia con nadie" ni que dictase la resolución más allá de la frontera de la justicia.
Una vez el Ministerio Público ha decidido desistir de su recurso de casación, aceptando de este modo la condena impuesta al magistrado, el Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre los recursos de casación interpuestos tanto por la representación procesal del imputado, que solicita su libre absolución, como por el abogado de la denunciante y madre del menor de edad, que solicita que se le inhabilite por espacio de 20 años.
