Pleno extraordinario de ayer que implicó el cierre definitivo de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir. / Alba Poveda
«Es la extremaunción de la Mancomunidad». Así sentenció ayer el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, la disolución definitiva de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir durante el pleno extraordinario en el que se tomó dicha decisión. Con 17 abstenciones del PP y del grupo mixto y 46 votos a favor de los grupos del PA, IU y PSOE, ayer la Mancomunidad ponía punto y final a 25 años de actividad con una deuda superior a 42 millones de euros, que afecta a trabajadores, proveedores y beneficiarios de talleres de formación.
Poco después de las 17 horas, daba inicio un pleno que solo tenía un fin: echar el cierre una entidad pública que daba cobertura a once municipios de las provincias de Sevilla y Cádiz y que en los últimos años dejó de ser útil y viable, según la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Lebrija, María José Fernández, quien en su día asumió el cargo cuando la situación económica ya era complicada. En relación a la cuota de participación que le corresponde a cada municipio, el reparto de la deuda Sanlúcar de Barrameda sería el municipio que más debería abonar, ya que supera los 11 millones de euros, le seguiría Chipiona, con 7 millones, Rota y Utrera, ambas con 6 millones, Los Palacios y Villafranca, responsable de más de 5 millones, Lebrija, con más de 3 millones, Las Cabezas de San Juan y Trebujena, con más de un millón, y El Cuervo, El Coronil y Los Molares, todos con una deuda inferior al millón de euros.
Para hacer frente a dicha deuda, el acuerdo de disolución proponía que las administraciones provincial, autonómica y central impulsen un mecanismo económico-financiero para que los ayuntamientos puedan abonar su deuda en un plazo de 60 días. Una ayuda para la que Fernández solicitó el compromiso de todos los participantes de la Mancomunidad para solicitarlo unidos. En el caso de que no se facilitara este mecanismo, los consistorios deberán hacer frente según lleguen las ejecuciones judiciales, lo que podría suponer la banca rota de muchos de ellos, según la presidenta.
Portavoces de los cincos colores políticos de dicha entidad analizaron el proceso de liquidación. Discursos en el que todos mencionaron los nombres y apellidos los del anterior presidente del responsable de la situación que ha abocado a la Mancomunidad a su desaparición. Ante la insistencia del portavoz del PSOE y alcalde de El Cuervo, Manuel González, de la responsabilidad conjunta de todos los que conforman la Mancomunidad, el portavoz del PA y alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, aseguraba que no iba a dejar que el PSOE partido mayoritario en la entidad se diera «en la espalda con el látigo», pero que no iba a permitir que insistieran en que todos respondieran a la misma responsabilidad: «En ningún momento elegí formar parte de esta entidad, cuando llegué a la alcaldía me la encontré y asumí mi participación». Por su parte, el PP emitía ayer un comunicado en el que el vicesecretario de Organización del partido en Sevilla, Juan de la Rosa, criticaba «la nefasta gestión del PSOE al frente de un ente público».
Otros de los puntos que se mencionaron durante el pleno fue el acuerdo al que se ha llegado con la Junta de Andalucía para sellar el vertedero que daba servicio a Utrera, Lebrija, El Cuervo y Las Cabezas de San Juan. Un convenio que ha permitido que la deuda a la que se enfrentaba la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir se rebaje en 10 millones de euros, ya que si no el montante superaría los 52 millones de euros. Un acuerdo al que se ha llegado «gracias al esfuerzo continuo con otras administraciones públicas», según la presidenta de la entidad. El acuerdo afecta al Centro de Gestión de Residuos No Peligrosos Urbanos de Utrera y al Centro de Tratamiento de El Cornejil de Lebrija y supone un compromiso entre las partes por un período de diez años, en el que la Junta se compromete a la ejecución de las obras de sellado de ambos vertederos y a aprobar también los proyectos, los correspondientes planes de clausura, seguimiento y posclausura. La Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, por su parte, adquiere el compromiso de poner a disposición los terrenos que sean necesarios y facilitar los permisos. Una vez sellados, los cuatro municipios serán los responsables de sus respectivas instalaciones.
LOS AFECTADOS
Uno de los principales interesados en el pleno de ayer eran los trabajadores, proveedores y alumnos de los cursos de formación de la Mancomunidad, principales afectados por la insolvencia de la entidad. Ataviados con camisetas amarillas que rezaban «vuestra gestión es nuestra ruina» pitaron a toda personalidad política que se acercaba al pleno. Afectados a los que Fernández pidió disculpas por «el descalabro económico y personal» en su intervención y a los que les aseguró que el proceso había sido lo más ágil posible. El portavoz de los afectados, Manuel Ángel Caro, valoraba como «altamente» positivo el acuerdo alcanzado ayer. Aunque son conscientes que los más de 8 millones de euros que se les debe a los 150 trabajadores no los van a cobrar de forma inmediata, «estos son los cimientos para empezar a construir la casa», ejemplificó Caro. Además, los ayuntamientos deberán pagar más de 15 millones a los proveedores del Bajo Guadalquivir, así como a los más de 500 alumnos de los cursos de formación. Una deuda que pese a que de momento está cerrada, muchos señalaron que hay que dejar una puerta abierta por si los tribunales la incrementan por las demoras de pagos.
