Andalucía cuenta con más de 300.000 viviendas ilegales que están causando más de un quebradero de cabeza a las administraciones. Se está buscando la fórmula más adecuada para poder regularizar un buen puñado de ellas, pero el camino a seguir no es fácil. Los propietarios de estas casas, como es obvio, están a favor de obtener el documento que les garantice que su residencia no será demolida. En el otro lado de la balanza se encuentran los ecologistas. Rechazan una amnistía para los infractores. En medio se encuentra un abultado número de ciudadanos, fundamentalmente británicos, que levantaron sus viviendas con una licencia municipal ilegal. Se sienten estafados y están luchando para que se dé una solución a su problema.
Manifestación de propietarios de viviendas ilegales en el Valle de Almanzora en 2010 para pedir que no sean demolidas. / Foto C.B. (EFE)
La caja de los truenos la abrió el miércoles en el Parlamento la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cuando anunció que se iba a modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), para regularizar unas 20.000 viviendas edificadas en suelo rústico en toda Andalucía. La condición para legalizarse es que no se levanten en suelo protegido, zonas inundables o de riesgo y que no tengan algún procedimiento judicial en curso. Esta iniciativa, que se aprobó el jueves en la Cámara andaluza con el voto a favor del PSOE, la abstención del PP y el rechazo de los socios de gobierno IU, abre la puerta a la regularización de las construcciones irregulares en suelo no urbanizable parcelado urbanizaciones o solares divididos en los que se hayan levantado varias edificaciones. En el decreto que la Junta aprobó en 2012 se fijaba que las faltas administrativas caducan a los 6 años y solo afecta a viviendas aisladas construidas en suelo no urbanizable, pero no parcelado.
Ahora el abanico se ha abierto aún más, aunque faltan por conocerse muchos detalles. Por ello, IU se ha posicionado en contra de la reforma de la LOUA que prevé el PSOE. La diputada de la coalición de izquierdas Inmaculada Nieto cree que es una medida electoralista que se toma pensando en las municipales de la próxima primavera. Estima que una decisión de estas características, de tanto calado, tiene que adoptarse de una forma mucho más pausada y meditada: «Es un tema muy complejo, imposible de solventar de una forma única, puesto que hay realidades muy diferentes». Por ello pide que el camino para iniciar la regularización de estas casas se efectúe mediante la tramitación de un proyecto de ley, «que te permite la comparecencia de las partes implicadas como ayuntamientos y los propios afectados», remarca.
Una postura que comparten alcaldes de su formación que tienen construcciones al margen de la ley como el de Conil (Cádiz), Juan Bermúdez. Este pide prudencia, en la misma línea que su compañera de formación. Piensa que hay que hacer las cosas bien y determinar qué casas son las que se pueden regularizar. Bermúdez habla con conocimiento de causa porque en base al decreto 2/2012 ya ha iniciado el proceso de legalización de 5.000 casas, cuyos propietarios serán los que corran con todos los gastos que ocasione este procedimiento: desde los trámites burocráticos hasta el acercar los servicios más básicos a sus hogares (agua, luz...).
Más favorable a la decisión de modificar la LOUA es el concejal de Urbanismo de Mijas, Manuel Navarro (PP), aunque se muestra prudente. Explica que en su localidad hay 3.500 viviendas que están al margen de la ley y que no se han podido regularizar con el decreto de 2012, porque son casas que se levantaron en reparcelaciones, que no urbanizaciones, que están muy diseminadas. Aclara que es usual en su pueblo que los hijos construyan sus viviendas en solares que tienen los padres, es decir, en una misma parcela hay varias construcciones que son las que con el anuncio de Díaz podrán regularizarse y contar con luz y agua las que carezcan de estos servicios. Navarro admite que muchas de estas casas ya tienen estas prestaciones y reconoce que incluso pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pero aclara, al igual que el alcalde de Conil, que el coste que suponga la regularización de las viviendas lo soportarán los propietarios de estos inmuebles.
Alcaucín. Otro municipio que podrá poner en orden su planeamiento es Alcaucín, una localidad de la Axarquía malagueña, que cuenta con más casas ilegales 1.600 que legales cerca de mil, según calcula su alcalde, Domingo Lozano (PP). El problema de esta localidad viene de antiguo. Su exregidor socialista, ahora imputado en el caso Arcos, acusado de un delito contra la ordenación del territorio, cohecho, prevaricación urbanística y falsedad documental, José Manuel Martín Alba, se dedicó a dar licencias para construir casas en suelo rústico. Ahora estos vecinos, muchos de ellos extranjeros, se sienten estafados, porque desconocían que al construir sus hogares estaban cometiendo una irregularidad. A este problema se une, según el actual alcalde, que el municipio cuenta con unos 5.000 vecinos, pero censados hay poco más de 2.800, lo que perjudica a las arcas municipales. Y es que el Consistorio sólo recibe dinero del Estado y de la Junta en función de los habitantes que están registrados, aunque la localidad tenga más residentes a los que también prestar servicios.
Una de las asociaciones que representa a ciudadanos que han construido sus casas creyendo que todo era legal es Save Our Homes Axarquía (SOHA) Salvemos Nuestros Hogares, con unos 200 asociados, la mayoría británicos. Según su presidente, Philip Smalley, para levantar sus casas tuvieron las respectivas licencias municipales, «pero, según la ley, son ilegales y nos enfrentamos a que corremos el peligro de que, si nos denuncian, nuestras casas puedan ser demolidas». Smalley, que tiene su vivienda en La Viñuela (Málaga), afirma que está levantada en una parcela de 5.350 metros cuadrados cuyo anterior propietario no pagaba nada por el terreno, «pero yo abono todos los años 1.200 euros al Ayuntamiento en impuestos».
Este vecino de La Viñuela cree que la modificación de la LOUA será beneficiosa para la mayoría de los miembros de su asociación, aunque acoge la medida con prudencia.
Rechazo. La asociación que sí rechaza con contundencia la posible regularización de más de 20.000 edificaciones por la modificación de la LOUA es Ecologistas en Acción, su secretario de Ordenación del Territorio, Juan Clavero, tacha la medida de «escandalosa». Recalca que no se puede favorecer a los que infringen la ley y anuncia que van a solicitar una reunión urgente del Consejo Andaluz del Ordenación del Territorio, en el que ellos tienen representación, para que se explique la medida y para mostrar su rechazo a la modificación de la LOUA.
En este sentido, recuerda que el decreto de 2012 para regularizar viviendas ha sido un fracaso, porque los propietarios que ha podido acogerse a esta amnistía han sido muy reacios, «porque quieren tener todos los servicios, pero no quiere pagar por su instalación».
