Los escándalos urbanísticos de Marbella, Estepona o Alhaurín hacen mella en la opinión pública y cuatro de cada diez andaluces creen que su Ayuntamiento comete irregularidades. Un estudio del IESA revela que los ciudadanos reparten culpas: el 52% apunta a la Junta y el 48% responsabiliza en exclusiva a los consistorios.
El estudio, al que ha tenido acceso este periódico, está dirigido por los investigadores Braulio Gómez e Irene Palacios, lleva el significativo título 'Los efectos secundarios de la corrupción local: cuando los ciudadanos castigan a otro nivel', ya que su finalidad es analizar hasta qué punto los escándalos urbanísticos municipales repercutieron en los resultados de los comicios autónomicos del 9 de marzo. "Aunque en esas elecciones la pérdida de votos del PSOE, sobre todo en el litoral, tuvo más que ver con la economía, si el corrupto es un líder local, se contamina la marca del partido", explica Gómez.
El PSOE, no obstante, ganó con el 48,19% de los sufragios (frente al 50,36% de 2004) y revalidó su mayoría absoluta en el Parlamento, si bien el PP conquistó Málaga y Almería y aumentó su apoyo casi un 7%, lo que le valió diez escaños más en la Cámara autonómica.
El equipo realizó, entre el 14 de mayo y el 18 de junio, 4.810 encuestas. Dado que el litorial registró mayores cambios en el sentido del voto se buscó que en la muestra sus habitantes estuvieran ampliamente representado. "Finalmente, suponen el 40% de los entrevistados, que es el mismo porcentaje que representan en el censo total andaluz", destacó Palacios.
Permisividad. Si hay un caso de corrupción municipal que ha marcado a la opinión pública es la operación Malaya en Marbella. "A raíz de ésta, los medios de comunicación empezaron a meter estos temas en la agenda de noticias, tras una década sin escándalos visibles desde los años 90", reconoce el director del estudio. Por ello, en la encuesta se preguntó a los andaluces si consideraban la actitud de la Junta estricta o permisiva ante las irregularidades urbanísticas, diferenciando entre antes y después de los últimos casos.
La mayoría confía en que la Junta ha aprendido la lección. Así, preguntados sobre cómo consideran la actitud de la Junta "hasta ahora", el 70% la calificó de "más bien permisiva", frente a un 15,2% que la consideró "más bien estricta" y un 2,4% que señaló "ni estricta ni permisiva". Sin embargo, al interrogarles sobre cómo creen que será su actuación en los próximos años a raíz de escándalos como el de Marbella, el 59,2% respondió que "más bien estricta", un 1,4% "ni estricta ni restrictiva" y un 26% piensan que la Junta seguirá siendo "más bien permisiva".
Ver a alcaldes como el de Marbella, Estepona, Tolox o Camas imputados e incluso encarcelados por prevaricación o cohecho ha hecho que cuatro de cada diez encuestados crea que su propio Ayuntamiento pueda estar afectado por irregularidades urbanísticas, frente a un 32,7% que confía en la honradez de sus representantes.
Pero resulta curiosa la permisividad de una parte de los encuestados ante este tipo de actuaciones. Aunque un 56,1% de los encuestados vería "mal siempre" que un proyecto urbanístico fuera aprobado de forma irregular por su Ayuntamiento, a un 39,5% no le parecería mal "en función de quién saliera beneficiado".
Tampoco la corrupción y el fraude son percibidos como un problema que afecta personalmente al ciudadano. Sólo un 0,5% lo cita entre sus principales preocupaciones, muy lejos del paro (45,3%), los problemas económicos (30,4%), la vivienda (18,1%), la inseguridad ciudadana (12,3%) o la inmigración (11,1%).
Ningún partido político se libra de las sospechas de corrupción. A la pregunda de qué grupo consideran más afectado por ésta, el 22,5% respondió el PSOE, pero le sigue muy de cerca el porcentaje de encuestados que contestaron "todos" (21,4%). Un 15,1% señaló al PP y un 1,6% a IU.
Los investigadores concluyen que "el Gobierno autonómico puede ser castigado por la aparición de casos de corrupción, aunque no haya sido directamente responsable", si bien Gómez destaca que mientras en los años 90 "la atribución de responsabilidades era más directa hacia el Gobierno central, ahora discriminan más y reparten entre el Gobierno autonómico y los ayuntamientos".
