Pocas veces un asesinato logra saltar de las páginas de sucesos para cuestionar el sistema judicial, el papel de los medios de comunicación e internet o la efectividad de las fuerzas del orden de todo un país. La muerte de Marta del Castillo logró eso y también reabrir un debate tan delicado como es una posible reforma del Código Penal que contemple la cadena perpetua.
El padre de Marta, Antonio del Castillo, que se entrevistó personalmente con el presidente Zapatero, pretende reunir dos millones de firmas -le faltan 400.000- antes de presentar en el Congreso una petición para que se convoque un referéndum sobre la instauración de la cadena perpetua.
En esta desesperada búsqueda por reparar de alguna manera el dolor provocado por la muerte de su hija, la familia no está sola porque hasta el líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, apoyó que esta cuestión se debatiera en la Cámara Alta. El PP andaluz fue más lejos y llevó al Parlamento una proposición no de ley para aplicarla en este tipo de casos y que fue rechazada por PSOE e IU.
Mientras, en la calle, un debate ciudadano y paralelo tomaba forma motivado, según el Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla Borja Mapelli Caffarena, "por la falta de información que tiene la sociedad" ya que, asegura, "España es el país con condenas de prisión más largas de toda Europa". Dice Mapelli que, en el caso de que Miguel Carcaño fuera declarado culpable, el tiempo material que permanecería en la cárcel podría llegar a rondar los 40 años, cuando en países donde existe la cadena perpetua estas estancias "rara vez llegan a 30 años". España, explica Borja Mapelli, "no es precisamente un ejemplo de Código Penal benevolente y débil sino todo lo contrario". Sin embargo, "la sociedad quiere ver que el crimen se paga pero eso es imposible, ya que la muerte de Marta del Castillo nunca se podrá compensar", añade.
El caso Marta ha puesto sobre la mesa también la idoneidad o no de una ya de por sí polémica Ley del Menor que desde que se aprobó a principios de la década, ha pasado por media docena de reformas. Cuando el asesino confeso de Marta señaló a un joven de 15 años, El Cuco, como autor material de la muerte y posible violación de la niña, saltaron las alarmas ante la posibilidad de que el culpable de semejantes hechos ni siquiera ingresara en prisión y que cumpliera condena en un centro de menores y entonces, como ahora, fueron muchas las voces que pidieron un cambio en la legislación. Respecto a esto, Borja Mapelli advierte de que "que una ley se cambie cada vez que hay un caso de este tipo no es positivo", sobre todo si se tiene en cuenta que "cada vez se parece más al Código Penal" y ofrece menos alternativas a los menores infractores para que no acaben en la cárcel que es, al fin y al cabo, una "escuela del crimen".
Fenómeno desconocido. Pero los cimientos del sistema jurídico español no son los únicos que logró remover la tragedia vivida por una humilde familia sevillana porque cuando la Policía detuvo al ex novio de Marta del Castillo se topó con un fenómeno desconocido hasta entonces. En internet, principalmente en la red social Tuenti, se encontraba a disposición de cualquiera que quisiera encontrarla información y hasta imágenes tanto de la propia víctima como de Miguel Carcaño y otros posibles implicados y testigos en el caso. La red se convirtió entonces en un hervidero de conjeturas y pistas falsas donde se violaron de manera constante todos los derechos del menor obligando a la Fiscalía de Sevilla a ordenar la clausura de los perfiles de todos ellos.
Una medida ésta que, sin embargo, no pudo evitar que periódicos y televisiones reprodujeran hasta la saciedad la información que circulaba por la red. Tampoco que se suplantara la identidad de algunos de los implicados, como ocurrió con Samuel Benítez, acusado de encubrir el crimen. Nada más salir de la cárcel, aparecieron en Tuenti perfiles que se atribuían a él y en los que incluso llegaron a publicar frases de agradecimiento por el apoyo recibido durante su estancia en prisión.
Ante esto, no era de extrañar que se cuestionaran las políticas de seguridad e incluso el papel de internet entre los menores. Ícaro Moyano Díaz es el director de comunicación de Tuenti y explica que, aunque no fue la causa directa, lo ocurrido con Marta sí que propició que en junio de 2009 se pusiera en marcha definitivamente un sistema "que se venía gestando" hacía tiempo para garantizar la protección de los menores. Desde entonces, y acorde con lo que establece la Agencia Española de Protección de Datos, "la plataforma elimina los perfiles sospechosos si los usuarios no son capaces de acreditar en 92 horas que tienen más de 14 años".
Pero que tanto Marta como sus amigos y posibles asesinos fueran usuarios asiduos de Tuenti sirvió también para que el caso trascendiera todas las fronteras. Tanto es así, cuenta Moyano, que uno de los eventos [convocatorias hechas a través de esta red] organizados para la búsqueda de la joven "logró reunir a más de un millón de usuarios en apenas dos o tres días", algo que no tiene parangón en la historia de Tuenti.
También el papel de los medios de comunicación ha sido duramente cuestionado a raíz del tratamiento que han dado al caso. El impacto que causó en la sociedad motivó una movilización sin precedentes. A juicio de Ramón Reig, director del Departamento de Periodismo II de la Universidad de Sevilla, a medida que avanza el caso "todo se convierte en una bola de nieve" que "engorda continuamente y a veces lo hace de forma artificial e incluso no deontológica". Para Reig, cuando la investigación se estancó y ya "no había noticias nuevas", los medios se encontraron con que "había que seguir alimentando la historia". Esto, dice, propició que surgieran "multitud de declaraciones que eran pura especulación".
Tras la detención de Carcaño, las televisiones difundieron imágenes de menores implicados y una cadena nacional retransmitió una entrevista con la menor de 14 años de Camas con la que Miguel mantenía una relación. La Fiscalía abrió una investigación por la que Canal Sur ha pagado una multa y tres productoras siguen en litigio. Al respecto, Reig dice que "los jóvenes se prestan a ser utilizados y sus padres lo consienten" pero arremete más duramente contra los propios medios que, recuerda, "deben ofrecer periodismo de rigor, no amarillismo, ni sensacionalismo".
