Desde mañana tirar una colilla al suelo podrá ser sancionado con 120 euros; un gorrila podrá ser castigado económicamente e insultar o denigrar a una persona podrá acarrear multas de hasta 3.000 euros. Tras un proceso de más de dos años, la ordenanza antivandalismo entra en vigor, sin que el Consistorio haya finalizado sus deberes.
Los continúos retrasos de la normativa tenían siempre la misma justificación: había que preparar la Administración local para una ordenanza que suponía un gran esfuerzo por su doble vertiente: aumento del control policial y fomento de una serie de valores ciudadanos a través de distintas medidas. Por este motivo, transcurrió casi un año entre la aprobación inicial y la definitiva y se incluyó una disposición transitoria que daba un plazo de 4 meses para empezar a aplicar el proyecto. Concluye mañana. Y aún quedan numerosos flecos en el aire.
El texto definitivo de la ordenanza incluía una batería de compromisos que quedaban en manos del Ayuntamiento. Es cierto que algunos de ellos no tienen por qué activarse antes de que entre en vigor la normativo, pero en todos los casos su puesta en marcha supondría dar un impulso inicial a un proyecto que puede caer en saco roto, como ya ocurrió con la ordenanza que restringía el acceso al Centro para los coches particulares.
Un primer paquete de los compromisos hace referencia al fomento de valores por parte de la Administración local. El Gobierno se comprometía a impulsar planes cívicos por distritos, una convocatoria anual de premios y a disponer de una publicación con el texto de la ordenanza en todas las sedes de distritos y edificios públicos para concienciar a la población antes de su entrada en vigor. Apenas ha habido avances.
El segundo eje sí ha evolucionado en los últimos meses, aunque sigue sin cerrarse. En marzo de 2006, el alcalde anunció la creación de la unidad Torre del Oro, que debía encargarse de la aplicación de "la ordenanza que cierra el círculo normativo de las leyes establecidas por la Junta". Dos años y tres delegados después -Francisco Fernández, Nieves Hernández y ahora Alfonso Mir- sólo se ha logrado poner un borrador encima de la mesa de negociación con un objetivo: recuperar la idea de la unidad Torre del Oro y asignarle 200 agentes. De momento, aún queda muy lejos la materialización de este proyecto que depende de una reestructuración del Cuerpo de Policía Local y de una negociación que sólo ha comenzado, y que afecta también a cuestiones tan delicadas como la cobertura del tráfico o la descentralización con un refuerzo de los distritos.
A la espera de que esta medida se lleve a cabo, los agentes recibirán la instrucción de que hay una nueva ordenanza en vigor que se debe cumplir que incluye, por un lado, nuevas disposiciones, y por otro, infracciones que ya estaban reguladas pero que se modifican con una nueva graduación de las multas. El delegado de Convivencia y Seguridad, Alfonso Mir, tiene previsto realizar un seguimiento de esta nueva normativa con los altos cargos del Cuerpo. De hecho, cuenta ya con un intendente dedicado específicamente a las infracciones recogidas en esta normativa.
Si se cumple el compromiso municipal, a partir de mañana la Policía tiene una base legal para responder a una serie de comportamientos y actuaciones que aunque siempre han sido infracciones, no han tenido una contundente respuesta policial. Una de estas asignaturas serán los gorrillas. Como ya ha ocurrido en otras capitales, a partir de mañana, la Policía está autorizada para intervenir cuando se denuncie una aparcacoches ilegal. En una primera fase, será apercibida. Si no responde, podrá ser multada con 120 euros o que el individuo sea derivado a un centro de servicios sociales.
También tendrá la Policía Local más instrumentos para combatir las pintadas, controlar los espectáculos y manifestaciones en la vía pública, perseguir los actos vandálicos contra el mobiliario urbano, responder a las actuaciones contra la dignidad de las personas o sancionar con 120 euros prácticas tan habituales como orinar en la calle, escupir o sacudir una alfombra.
Sólo queda fuera, tras un intenso debate, la regulación de la prostitución. Tras una enmienda presentada por el PP, el Ayuntamiento sopesó durante meses la inclusión en la ordenanza de un catálogo de sanciones para los clientes de prostitutas callejeras, que podía incluir sanciones de hasta 3.000 euros si la práctica se realizaba cerca de un centro escolar. Finalmente, esta medida se aplazó hasta la elaboración de un plan integral y de una ordenanza específica que debe ser aprobada el próximo ejercicio.
En las negociaciones que se han mantenido en los últimos meses también se han introducido modificaciones en la cuantía de las sanciones -comportamientos como orinar, escupir, tirar una colilla o realizar una pintada en un edificio no protegido han pasado de ser multados con 750 euros a a sólo 120 a instancias de colectivos sociales vinculados a IU- y en la regulación de las actividades en la vía pública -para eximir a las concentraciones de carácter cultural o político y flexibilizar el control sobre las pegatinas y carteles con fines propagandísticos y no publicitarios-.
La exposición de motivos de la propia ordenanza revela la importancia que el equipo de Gobierno ha querido concederle, aunque no haya logrado materializarla en medidas concretas para impulsar su aplicación: "Esta ordenanza pretende constituirse en un instrumento efectivo con el que afrontar las nuevas -y no tan nuevas- situaciones y circunstancias que pueden afectar o alterar la convivencia. Pretende dar una respuesta equilibrada a dichas situaciones, basada en el reconocimiento de los derechos de todos (...) y los deberes que la convivencia exige".
