El Comité de Derechos Humanos de la ONU cree que España no da garantías a los detenidos por terrorismo e insta a derogar la Ley de Amnistía. Pero avala la iniciativa de Baltasar Garzón de esclarecer las violaciones de derechos durante la Guerra Civil. Eso sí, pide que una comisión independiente vele por la verdad histórica.
Son las principales conclusiones emitidas ayer por el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por cada Estado parte. Acerca de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil, el Comité acoge con satisfacción la Ley de la Memoria Histórica y saluda la decisión de la Audiencia Nacional de examinar a los desaparecidos. Pero recuerda que "los delitos de lesa humanidad no prescriben", por lo que pide a España que considere la derogación de la Ley de Amnistía de 1977. Además, que una comisión de expertos independientes establezca la verdad histórica y que se permita a las familias que "identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas, y se las indemnice".
De esta forma, avala el trabajo del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que se declaró en octubre competente para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975) por entender que se produjo un delito permanente de detención ilegal sin dar razón de paradero que encaja en el contexto de crímenes contra la humanidad. El magistrado también autorizó, "a la mayor urgencia", la apertura de 19 fosas en toda España.
Sin derechos. Naciones Unidas también constata que España ha avanzado y adoptado algunas medidas tendentes a mejorar la detención en las cárceles. Pero siguen preocupados por el régimen de detención incomunicada para delitos de terrorismo y bandas organizadas. "Entiende que puede propiciar malos tratos", señalan. De hecho, el comité expuso que 5.032 personas fueron víctimas de torturas en España entre 2001 y 2007. La cifra fue rebatida por la delegación española.
Otro punto en desacuerdo: "En España, la definición de terrorismo es demasiado amplia y poco precisa, de manera que se puede decir que es amenazante para la causa de la defensa", dijo a Efe el presidente del Comité, Rafael Rivas Posada. Así, proponen modificar los artículos 572 a 580 del Código Penal para limitar su aplicación a las infracciones que indiscutiblemente sean terroristas. También instan a limitar la prisión preventiva, que elimine el secreto de sumario, que se graben con cámaras los interrogatorios y que un fallo condenatorio sea sometido a un tribunal superior.
