Un informe de Naciones Unidas culpa directamente al Gobierno congoleño de la situación dramática que está sufriendo el país. El documento afirma que el propio Kabila, presidente del país, ordenó "aplastar y "neutralizar" a los "enemigos de la "democracia".
Estos informes, que sacó ayer a la luz la ONG Human Rights Watch (HRW) en la capital congoleña afirman que las fuerzas de seguridad del país han asesinado a 500 personas y detenido y torturado a otras mil consideradas opositoras desde los comicios que ganó hace dos años el actual presidente, Joseph Kabila.
El informe también responsabiliza a los Gobiernos extranjeros, que financiaron las elecciones de 2006, de apoyar al régimen de Kabila "y guardar silencio sobre los abusos de los Derechos Humanos y la creciente represión del Gobierno" desde los últimos comicios hasta el día de hoy. Además, HRW señala que "los informes de la ONU que documentan la implicación del Gobierno en delitos con motivación política fueron deliberadamente enterrados o publicados demasiado tarde para no tener un impacto importante", mientras el Gobierno de Kabila trataba de bloquear las investigaciones de la ONU. "La brutal represión contra los que se consideran opositores se inició durante las elecciones de 2006 que llevaron al presidente, Joseph Kabila, al poder y continúan en la actualidad", recalca el texto que presentó Anneke Van Woudenberg, investigadora del Departamento de África de HRW.
El informe, titulado "Os vamos a aplastar: La restricción del espacio político en la República Democrática del Congo", apunta que el propio Kabila impartió las órdenes para "aplastar" y "neutralizar" a los "enemigos de la democracia", con el fin de eliminar a sus oponentes. "Mientras todo el mundo está atento a la violencia en el este del Congo, los abusos del Gobierno contra los opositores políticos llaman poco la atención", aclaró Van Woudenberg. Para ella, "los esfuerzos para construir la democracia en el Congo son sofocados, no sólo por la rebelión sino también por la represión de Kabila, y por estos motivos, HRW ha reclamado al Gobierno de Kabila que establezca una fuerza, bajo la autoridad del Ministerio de Justicia, para investigar los abusos de los agentes estatales y liberar a todas las personas detenidas de forma ilegal.
