El último auto de la jueza Mercedes Alaya, que acusa a la Junta de "ocultar datos relevantes sobre la investigación" sobre prejubilaciones falsas pagadas con fondos públicos, ha sumido al Gobierno andaluz y al PSOE en el silencio. La oposición, en cambio, no cesó en sus acusaciones y cargó las tintas contra el Ejecutivo de Griñán.
El coordinador regional de IU, Diego Valderas, acusó a la Junta y al presidente andaluz de ser "incapaces de gestionar el dinero público" y de "temer y esconder algo al negar las actas" de los consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad que reclama la jueza. El Ejecutivo andaluz se ha negado a entregar las actas de todas sus deliberaciones, acogiéndose a la Ley del Gobierno, y asegurando que lo que la magistrada pide es "ilegal". Pese a la muy reiterada disposición de la Junta a colaborar con la Justicia, Alaya ya acusa al Ejecutivo de ocultismo y da por hecho que el presidente, exconsejero de Economía, debía saber las irregularidades que se estaban produciendo en el procedimiento de concesión de ayudas a empresas en crisis, porque se prolongaron diez años. PP e IU están alineados con la tesis de la jueza. "La Justicia no se fía del presidente y fija al consejo [de Gobierno] como el lugar del delito. El veto a trasladar las actas y colaborar con la jueza es un error garrafal", insistió Valderas, que acto seguido exigió a Griñán que dimitiera y convocara elecciones anticipadas.
El PP también cargó contra Griñán por el caso de los ERE. El líder andaluz Javier Arenas pidió su dimisión "de inmediato" y advirtió de que "nadie confunda a los parados andaluces con las ‘chapuzas' y barbaridades cometidas en los ERE". Desde Málaga, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, criticó el "choriceo" de la Junta que está "hundiendo la imagen de los andaluces". El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, dijo en un mitin en Sevilla que "nunca debió producirse un escándalo de malversación como el de los ERE".
