La vuelta de Javier Arenas en 2004 a Andalucía elevó el tono de la bronca entre PP y PSOE. Desde entonces, el enfrenamiento político ha tenido otro escenario paralelo al hemiciclo del Parlamento: los juzgados. La judicialización de la política es un hecho constatado. Hasta los jueces han dado un toque de atención porque entienden que los tribunales no es el lugar donde los partidos deben resolver sus tiras y aflojas.
El PP ha seguido la estrategia de llevar ante el juez los asuntos políticos que acaparan la actualidad. Los populares han recurrido a los tribunales la gestión de la Junta. Por ejemplo, mandaron al Constitucional las listas cremallera (obligación de alternar hombre y mujer en las listas de las autonómicas) pero el Alto Tribunal no les dio la razón. También actuaron contra el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), cuya resolución sigue en el aire. En otro plano muy diferente, Arenas ha ordenado a los suyos que persigan cualquier opinión de los socialistas que consideren insultante y también supuestos escándalos que el principal partido de la oposición enmarca en lo que llama "tres décadas de abusos del PSOE". Ahí se encuadra la querella que el PP dice que presentará la semana que viene contra la Junta por la ayuda de 10 millones que el Gobierno de Manuel Chaves dio a la empresa donde trabaja su hija, Minas de Aguas Teñidas. La Junta niega que haya ningún indicio de delito en el expediente de la subvención.
Arenas también usa los tribunales para defender su honor cada vez que cree que un dirigente socialista le injuria. Ya ha advertido de que no va a dejar pasar ni una, aunque muchas veces el anuncio de una querella se queda en eso, en un anuncio. De momento no ha presentado la que avanzó contra el consejero de Innovación, Martín Soler, que sacó a la luz, en el pasado pleno de la Cámara, varias informaciones periodísticas que relacionaban al líder del PP con la trama Gürtel. Tampoco ha hecho lo mismo su hermano, Eduardo Arenas, que cree que Soler atentó contra su honor al decir que la eléctrica de Olvera que regentaba recibió ayudas públicas cuando su hermano era ministro. Ambas demandan, según el PP, están ya listas y a punto de materializarse. En ese mismo pleno, el diputado popular José Luis Rodríguez sí acusó directamente a Chaves de cambiar una norma para beneficiar a su hija.
Lejos de esta polémica quedan otros amagos de denuncia que nunca prosperaron, como la querella contra el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, por injurias y calumnias por un libro sobre el municipio en el que se culpaba a un "alcalde franquista de Alianza Popular" de "destrozar" la ciudad. Ni la que se iba a plantear contra Chaves por decir que la corrupción "es estructural" en el PP. Tampoco se amplió la querella contra el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías por asegurar que Arenas necesita un "psiquiatra".
Zarrías asumió como suya la crítica de "desequilibrado" que le profirió el vicesecretario general del PSOE-A, Luis Pizarro, al líder popular. El ahora consejero de Gobernación sí tendrá que ir a juicio por la demanda que le puso Arenas al referirse a él como "matón de discoteca". Las declaraciones de Zarrías han estado más veces en la diana del PP. El TSJA admitió en 2005 la querella de los populares contra el ex consejero de Presidencia por comparar a este partido con Batasuna. El Alto Tribunal Andaluz la desestimó al final por entender que no se había injuriado.
Los socialistas acusan a Arenas de tener el "puño de hierro y la mandíbula de cristal" porque, dicen, él es el primero que "retiteradamente insulta" a dirigentes del PSOE y éstos no recurren a los tribunales. Pero el líder popular asegura que su crítica siempre se refiere a la gestión del contrario, sin entrar en la descalificación personal. Para él decir que Chaves es un "pésimo gobernante" no es insultar.
¿Qué ocurre con las demandas motivadas por los rifirrafes en el Parlamento? Fuentes jurídicas de la Cámara andaluza aseguraron a este periódico que, por ejemplo, la querella de Arenas contra el consejero de Innovación "no tiene posibilidades de prosperar. ¿Por qué? Los diputados autonómicos -explicaron las fuentes- gozan de inviolabilidad, es decir, no se les puede pedir ningún tipo de responsabilidad por las opiniones o declaraciones que viertan, bien oral o por escrito, en el ejercicio de sus funciones en el seno de la Cámara. O sea, que digan lo que digan sus señorías dentro del hemiciclo o en comisión parlamentaria, aunque sea injurioso, está exento de responsabilidad. "En España no se ha procedido nunca contra un diputado por sus opiniones", añadieron las fuentes.
La inviolabilidad parlamentaria fue lo que frenó a la ex consejera de Gobernación Evangelina Naranjo de llevar a los tribunales a la diputada popular Esperanza Oña, que acusó en 2005 a la socialista de "nepotismo" por "enchufar a familiares" en la Junta. La inmunidad es otro concepto distinto y sólo afecta a diputados y senadores de las Cortes. Implica que no se puede proceder criminalmente contra ellos sin el permiso de las Cortes. En Andalucía rige una seminmunidad, es decir, sólo se puede detener a los diputados autonómicos por delitos "flagrantes".
Los jueces están cansados de que los partidos usen los tribunales para resolver sus peleas. "Los políticos tienen foros donde debatir y no pueden acudir a la justicia en asuntos que realmente deben examinarse en el Parlamento", criticó el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo. Recordó que las querellas por injurias o calumnias "terminan archivándose". Eso fue lo que pasó con la denuncia que interpuso el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, contra el PSOE onubense por haberle acusado de llamar a líneas eróticas desde un teléfono público. El Supremo la desestimó porque no vio delito. Y, ojo, lanzó un aviso para navegantes: hay un "grave riesgo" en encomendar a los tribunales "la función de árbitros de las contiendas políticas".
