Gasolinera de la firma de bajo coste Petroprix en el municipio de Alcalá de Guadaíra, en la A-92.
¿Competencia desleal o negocio legítimo? Las denominadas gasolineras desatendidas o fantasma aquéllas en las que con unas mínimas instalaciones y sin personal se vende combustible a bajo precio todo el día han puesto en pie de guerra a sindicatos y patronal del sector, que van de la mano a la hora de denunciar que estas instalaciones acabarán con 9.000 empleos en toda Andalucía, merman los derechos de los consumidores y ponen en peligro la seguridad de las personas.
CCOO y la Federación de Asociaciones de Empresas de Estaciones de Servicio de Andalucía (FEDAES) aseguran que ya se han denunciado ante las consejerías de Industria y Administración Pública (Consumo) a 20 gasolineras en toda Andalucía, siete de ellas en Sevilla, seis en Granada, cinco en Córdoba, una en Almería y otra en Huelva. «Y estos datos van creciendo en cuanto que tenemos constancia de la aparición de nuevas estaciones desatendidas», asegura el presidente de la patronal provincial y andaluza, Roberto Sáenz Alcaide. En contra, las firmas de bajo coste como Ballenoil y Petroprix defienden su negocio, avalado por la Ley 11/2013 de 26 de julio, de apoyo al emprendedor, el estímulo del crecimiento y la creación de empleo. La norma permite crear estas instalaciones, que no requieren de una gran inversión, estableciendo tres tipos de gasolineras: las atendidas, las autoservicio (la mayoría, donde el cliente se pone el combustible y un trabajador le cobra) y las desatendidas (donde no hay ningún empleado y se paga con tarjeta).
Una de las compañías low cost en expansión es Petroprix, que prevé la apertura de 20 gasolineras en Andalucía antes de finales del próximo año. Por ahora tiene cuatro en Andalucía, una de ellas en Alcalá de Guadaíra. Sólo en Sevilla prevé abrir pronto una en Bellavista y otra en el Polígono Pisa, además de otra en el Aljarafe. Todas están en tramitación ya, según Manuel Santiago, gerente de Petroprix, quien explica por qué su combustible es más barato: «Hoy (por el pasado jueves) en la de Alcalá está el gasóleo a 1,229 euros y en la de Repsol también de Alcalá a 1,319 o 1,329. La nuestra es entre 9 y 10 céntimos más barata porque, siendo un combustible servido por grandes compañías, nuestros márgenes son mucho más pequeños al no tener gasto de personal ni casi de mantenimiento de instalaciones». Son pequeñas estaciones, sin tiendas, aseos, lavaderos de coches ni zonas de descanso. Sólo gasoil y gasolina 95.
Según Santiago, la nueva normativa acabó con el «monopolio urbanístico» de las gasolineras tradicionales, puesto que ya se pueden abrir en parcelas industriales y comerciales sin restricciones, y sus «agresivos precios» han mermado el negocio tradicional, «por eso nos denuncian y alegan una y otra vez en los ayuntamientos para ralentizar nuestras aperturas, pero no hay forma de pararnos porque nos ampara la ley estatal», defiende.
Sin embargo, patronal y sindicatos aseguran que no es así porque un decreto de la Junta en materia de consumo (537/2004) establece que «en el caso de habilitarse el sistema de autoservicio en el horario diurno, deberá haber en el establecimiento, al menos, una persona para atender la solicitud de suministro de combustible que pudiera formular algún cliente cuyas circunstancias personales le impidan o dificulten su realización».
Según Santiago, dicho precepto sólo afecta a las gasolineras autoservicio, no a las desatendidas. «La Junta no ha regulado las desatendidas porque son de reciente creación», alega. A su juicio, nadie puede obligar a que una estación tenga un trabajador si la ley la define como desatendida, sin empleados. «Sería contradictorio», apostilla.
El pasado lunes, FEDAES, CCOO y otras organizaciones del sector mantuvieron una reunión con Diego Valderas, vicepresidente de la Junta, para mostrarle su preocupación por lo que creen una destrucción masiva de empleos y de la propia actividad. Por ahora, el Gobierno andaluz con competencias en la regulación de las gasolineras ha advertido que tomará medidas para que los clientes no se vean perjudicados, pero poco más.
¿Y qué denuncian? Según Sáenz, en estas gasolineras no hay seguridad suficiente al estar desatendidas. Para el gerente de Petroprix, las low cost son «las únicas con sistemas automáticos de extinción de incendios». «Las tradicionales dependen de que el trabajador de la oficina se dé cuenta de que pasa algo».
Para Sáenz, se atenta contra los derechos de los consumidores porque «no se atiende a personas, por ejemplo, con movilidad reducida, no hay hojas de reclamaciones, ni vasija de medición para comprobar que se reposta lo correcto y se puede echar gasolina con el motor encendido sin que nadie diga nada». Para Santiago, «el señor con silla de rueda se va directamente a una estación de servicio con personal que le ayude, no viene aquí».
«Consumo nos ha inspeccionada ya y no ha abierto ningún expediente, cumplimos todo. Y en Alcalá tenemos una persona en horario comercial porque hay muchos clientes, vende mucho, y queremos ofrecer un buen servicio, aunque podría no haber nadie», indica. «Si en toda Europa hay este tipo de gasolineras, ¿Por qué no en España?», pregunta tras denunciar que ayuntamientos como el de Sevilla son «muy lentos a la hora de tramitar su licencia». «Llevamos casi un año, en Alcalá tardaron cinco o seis meses», critica el gerente de Petroprix.
En cuanto a la calidad del producto, sostiene que es el mismo que el de las gasolineras tradicionales, pero con menos margen de ganancias. Por otro lado, la patronal critica la pérdida de tejido productivo andaluz porque proliferan las franquicias. Lo cierto es que Repsol y Cepsa, los dos principales operadores del mercado nacional, también están llevando a cabo diferentes proyectos piloto bajo las marcas Campsa Express y Red Ahorro. Otras, sin embargo, resultan de la conversión de antiguas gasolineras tradicionales en las que los propietarios, ante las pérdidas de los últimos años, han decidido optar por dicho modelo.
Según datos del sector, el consumo de carburante ha caído entre un 20 y un 30 por ciento a nivel nacional, un 32,35 por ciento en Sevilla.
