La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Soledad Pérez, ha reclamado esta semana que se acelere la reforma de la Ley de Extranjería para que se hagan efectivas las medidas dispuestas en el plan de atención y prevención de la violencia de género en la población inmigrante que vive en España. Las cifras avalan la necesidad de que esta reforma pase de ser un mero catálogo de intenciones a una norma de obligado cumplimiento que sirva como herramienta para amparar a estas mujeres en los casos en los que sean víctimas de una agresión. El año pasado, casi la mitad de las mujeres que murieron en este país a manos de sus parejas era de origen extranjero. Las foráneas acaparan además una cuarta parte de las órdenes cautelares que se dictan en Andalucía y también forman el colectivo que más denuncias retira después de las agresiones de sus compañeros. ¿Por qué hacen esto último? La respuesta no requiere de complejos estudios sociológicos. Lo hacen por miedo, un temor agravado por las especiales circunstancias en las que viven en España, muchas veces al cargo económico de sus maridos y sin familiares cercanos que le puedan servir de red de acogida cuando sufren la agresión de sus parejas. Al desgarro del maltrato suman también el miedo a ser expulsadas a su país de origen. Por eso, desde la Junta se reclama el cambio legal que permita que las inmigrantes que hayan sufrido malos tratos tengan la posibilidad de obtener permisos de trabajo y, en consecuencia, no dependan, para permanecer en España, de los certificados de residencia de sus agresores. La medida reclamada desde el Instituto Andaluz de la Mujer es de puro sentido común. El Estado tiene que dar amparo a estas mujeres y como condición sine qua non para que esta ayuda se pueda materializar, hay que garantizar que la legislación en materia de Extranjería no se le vuelva en contra a estas mujeres en el caso de que decidan denunciar a sus parejas.
