Una campaña de recogida de firmas que critica la labor que realiza la Protectora de Plantas y Animales está poniendo en cuestión el trabajo que hace esta organización en su centro de recogida de animales de Bormujos.
La movilización iniciada por un grupo de ciudadanos ya está dando sus frutos y dos ayuntamientos -Bormujos y Mairena del Aljarafe- en los que la protectora prestaba los servicios de recogida de animales abandonados ya han roto el convenio que tenían firmado con esta institución.
Sin embargo, otros municipios del entorno como San Juan de Aznalfarache, Tomares, Gines y Espartinas mantienen el acuerdo, porque no han recibido quejas del servicio que presta ni han detectado que esta entidad atienda incorrectamente a los animales o no haga bien su trabajo.
De hecho, tanto el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) como la Consejería de Agricultura y Pesca mantienen abiertas las instalaciones. Fuentes de la Guardia Civil señalan que se realizan visitas periódicas al refugio que tiene la protectora y que este, según el instituto armado, cumple la normativa vigente.
Desde la Consejería de Agricultura se admite que el 10 de julio del año pasado se realizó una inspección al centro de Bormujos en la que se constataron deficiencias e irregularidades documentales relacionadas con el registro de animales a los que se les practicó la eutanasia, de acuerdo con la legislación vigente. Pero, según Agricultura, en una segunda inspección fechada el 28 de diciembre de 2011, las deficiencias detectadas en julio se habían subsanado, "por lo que no se tramitó expediente sancionador al no encontrar faltas graves en materia sanitaria".
Desde la protectora lo tienen claro: "Es una campaña que se inició hace 12 años, nos pusieron una denuncia que finalmente se archivó, pero ahora esta campaña contra nosotros se ha vuelto a retomar", se queja el presidente de la entidad, Luis Fernández.
Ante esta situación de "acoso", Fernández indica que podría emprender medidas legales, "porque hasta hemos recibido amenazas de muerte por internet". A esto se une que se está manchando la imagen de una asociación que es la segunda más antigua de España, "puesto que llevamos trabajando desde 1878, a lo que se une que la entidad fue declarada de interés público en el año 1969", remarca.
"una caza de brujas". Fernández considera que esta nueva "caza de brujas" se ha iniciado porque en la protectora se practica la eutanasia, realizada "de forma totalmente legal" a perros peligrosos o que pueden transmitir enfermedades.
Respecto a los dos ayuntamientos que han roto el acuerdo con la protectora, su presidente resta importancia al asunto, alegando que son acuerdos que se van renovando, y que esta cuestión no se puede achacar a que los consistorios cuestionen la calidad del servicio que prestan.
Sin embargo, el grupo de ciudadanos que ha iniciado la campaña de recogida de firmas contra la protectora asegura que los animales no están bien atendidos. Según dicen en sus denuncias, se maltrata a los animales. Ponen como ejemplo que están mal alimentados y que se les echa la comida por encima. Además, afirman que se limpia a los animales con agua a presión, "por lo que están constantemente mojados".
Este colectivo alega que si el centro no se cierra es porque la persona que lo dirige tiene "muy buenos contactos". De lo contrario, comentan, no se entiende que sigan abiertas las instalaciones cuando hay denuncias contra la protectora desde 1981.
