El Bajo Guadalquivir y el entorno de Jerez. Sobre ambas zonas agrícolas se ciernen dos reconversiones industriales, una ya iniciada, la del azúcar, y otra que consagra la reciente reforma comunitaria del algodón. Para transformar este último producto bastan 7 desmotadoras, y hay una veintena.
La versión oficial habla de que la reforma comunitaria del algodón era la única posible, que no cabía arrancar más de Bruselas y sí, en cambio, permitirá la continuidad de este cultivo -en España, casi exclusivo de Andalucía- y de su industria desmotadora. La extraoficial, en cambio, pronostica una reconversión severa para las empresas del sector y en unas comarcas, en especial de Sevilla y Cádiz, en las que llueve sobre mojado.
En efecto, al fuerte ajuste agrícola, con recorte de siembras y cosechas de remolacha, e industrial, con cierre de fábricas, que soporta el azúcar, se agregará el que deban acometer las desmotadoras (plantas donde se eliminan las semillas y se afronta las primeras labores de transformación del algodón). El Bajo Guadalquivir y el entorno de Jerez de la Frontera, las zonas más perjudicadas.
Desde el estreno de esta década y hasta que culmine la actual campaña de molturación de la remolacha, habrán cerrado tres azucareras, de ellas una en Jaén (la antigua ARJ), y tres de Ebro Puleva en Cádiz (dos) y Sevilla (la ubicada en San José de La Rinconada).
Mientras, el tejido desmotador lo conforman 22 desmotadoras, de las que 19 radican en Andalucía -el resto, en Murcia-. Al recolectarse menos, por efecto directo del régimen de ayudas aún vigente esta campaña, en los dos últimos años media docena de ellas optaron por no abrir sus puertas, aunque sólo de manera transitoria y hasta que se despejaran los nuevos aires de Bruselas -cabe recordar que la UE se vio obligada a revisar el régimen algodonero por mandato del Tribunal Europeo y cuando sólo llevaba dos años en macha-.
Sin embargo, fuentes de la principal agrupación de estas empresas, AEDA, advierten de que, para procesar el cultivo previsto en los próximos años, bastarían siete desmotadoras, e incluso alguna más sobraría. Por tanto, la reconversión afectaría a más de la mitad de las firmas existentes en la comunidad andaluza.
Es la suerte que corre entre las desmotadoras, puesto que no sirven para otra cosa que no sea su actividad de separar las semillas y hacer bloques (balas) de fibra de algodón. Y he aquí una gran diferencia respecto a las fábricas azucareras que han echado el cierre debido a la también reforma comunitaria de las subvenciones a la remolacha.
Mientras que estas últimas han pertenecido a grandes compañías, con capacidad suficiente para presentar planes industriales alternativos, la mayoría de las desmotadoras de algodón está asociada a cooperativas, y en ocasiones -caso de Pinzón o Trajano- vinculadas a poblados de colonos que se desarrollaron precisamente al calor del que otrora era considerado el oro blanco del campo andaluz.
Si ARJ, con apoyo de su matriz portuguesa, transformó su fábrica de Linares en planta de biodiésel y Ebro Puleva posee un proyecto similar -pero paralizado- y una refinería de remolacha en la provincia de Cádiz y sopesa varios planes para el centro productivo de San José de La Rinconada, aún nada se sabe de las alternativas industriales en las que se invertirán los fondos de reconversión autorizados precisamente para reconvertir las desmotadoras (algo más de 6 millones de euros al año durante un cuatrienio, aunque éste podría renovarse). En la Consejería andaluza de Agricultura y Pesca se habla de "desmantelamiento y modernización", y después, agrega un "etcétera".
Las últimas estadísticas del departamento que dirige el consejero Martín Soler, confeccionadas a 31 de mayo, señalan que en Andalucía se han sembrado en esta campaña 12.915 hectáreas de remolacha, frente a las 39.131 que, como promedio, se registraron en el periodo 2003-06. Y en el caso del algodón, 60.550 hectáreas frente a las 81.687.
La nueva OCM (Organización Común de Mercado o régimen de ayudas) algodonera contempla su entrada en vigor en enero de 2009, y conlleva una ficha financiera de 207 millones de euros para los agricultores andaluces. Consistirá en una ayuda desacoplada (desligada de la producción y que se cobra se cultive o no) del 65%, mientras que el 35% restante queda acoplada (hay que producir).
Ésta última se cifra -la que incentiva realmente la cosecha- se ha fijado en 1.400 euros por hectárea, un 30% más que lo previsto inicialmente, aunque para una superficie máxima de 48.000 para España. Si hay exceso de siembras, tijera. Eso se llama penalización.
