Tras el anuncio sorpresa del nuevo paquete de medidas para tratar de devolver la confianza en España, el Gobierno ha decidido imprimir más ritmo a las reformas que aún están pendientes y que Europa -y medio mundo- sigue de cerca y anunció que aprobará la relativa al sistema de pensiones el próximo 28 de enero y la enviará de inmediato al Parlamento para su tramitación. Así lo anunciaron ayer los vicepresidentes primero y segundo del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Salgado, respectivamente, tras la reunión del Consejo de Ministros.
Salgado aseguró que la reforma más importante que queda por hacer es la de las pensiones e indicó que su aprobación el 28 de enero tiene que "dar confianza" y va a servir para reforzar el sistema de la Seguridad Social.
Por su parte, Rubalcaba señaló que poner fecha a la aprobación de la reforma de pensiones "no significa" que el Gobierno renuncie al acuerdo. "Pero a juicio del Gobierno el tiempo ha terminado, llevamos meses discutiendo y creemos que es bueno fijar una fecha", añadió.
Preguntada por la supresión de la ayuda de los 426 euros a parados sin ingresos a partir de febrero, fecha en la que expira el programa vigente, la vicepresidenta económica indicó que no se ha incluido en el decreto de medidas económicas porque no era necesario.
En el seno del PSOE, la supresión levantó algunas voces críticas, entre ellas la del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que se mostró en contra y opinó que esa ayuda es fundamental para las familias con todos sus miembros en paro, y que hay unas prestaciones que se deben mantener y que no hay que verlas como "un impedimento al mercado de trabajo".
En esa línea, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, se declaró "partidario de que en este país no se rompa la cohesión social" y mostró su disconformidad con la política de privatizaciones, mientras que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, señaló que le "repugna" la supresión.
Tanto Rubalcaba como Salgado eludieron responder a esas críticas y expresaron sólo su respeto a esas posiciones. Pero no hay vuelta atrás.
Salgado argumentó que la posibilidad de prorrogar la ayuda se eliminó hace meses y que, por tanto, no ha sido necesario aprobar ninguna actuación adicional. Lo que no aclaró Salgado es si el Gobierno, en el marco de la reforma de las políticas activas de empleo, diseñará una nueva ayuda para los desempleados que agoten sus prestaciones, como ha sugerido el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.
"No tenemos nada más que decir que reforzamos los servicios públicos de empleo para que estas personas reciban una atención especializada", respondió sobre la posibilidad de que se implante esa nueva ayuda.
