El Junta publicó ayer en el BOJA el nuevo decreto ley de reordenación del sector público, que deroga el anterior de julio al incluir las modificaciones pactadas con UGT y CCOO y que se tramitará como proyecto de ley en el Parlamento para abrir su debate a los partidos y sindicatos contrarios. Pese a ese debate posterior, el decreto entra en vigor hoy y lo hace coincidiendo con una nueva jornada de protesta convocada en las capitales de provincia por la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA) y apoyada por los sindicatos de funcionarios, quienes hace 15 días lograron movilizar a entre 20.000 y 30.000 trabajadores de la administración en Sevilla.
El nuevo texto añade aclaraciones sobre las condiciones laborales del personal que se integre en las nuevas agencias, creadas por fusión o absorción de empresas públicas tras suprimir 111 de estos entes. UGT y CCOO mostraron su satisfacción con el nuevo decreto, fruto de un acuerdo alcanzado en el marco de la Concertación y ratificado en la Mesa General de Función Pública, de la que se levantó el sindicato CSIF por considerar que debía negociarse en la Mesa Sectorial -donde están representados otros sindicatos de funcionarios como SAFJA y USTEA- y derogarse el decreto para partir de cero.
El texto modificado recoge que el traslado será voluntario tanto para los funcionarios como los laborales de la Junta, aclara que la única vía de acceso a una plaza en la administración es por oposición y que cada trabajador, sea funcionario, laboral o proceda de las empresas públicas, mantendrá sus condiciones actuales mientras se negocian los convenios de cada agencia. Sin embargo, los sindicatos de funcionarios siguen considerando que se abre una puerta de acceso a la administración sin opositar a 25.000 trabajadores de empresas públicas que se integran en las nuevas agencias y que en los nuevos organismos habrá personal no funcionario ejerciendo funciones que la ley reserva a éstos.
Por ello, los funcionarios saldrán de nuevo a la calle en todas las capitales excepto en Córdoba, donde ya se celebró una manifestación el jueves. En Sevilla, la protesta discurrirá entre la Plaza Nueva y el Palacio de San Telmo, sede de la Junta.
En un manifiesto conjunto, las plataformas de funcionarios de la Agencia del Agua, del edificio Torretriana, del Servicio Andaluz de Empleo o de las fundaciones de la Consejería de Igualdad y los sindicatos CSIF, USTEA y SAT, critican que la Junta "vulnere los más elementales derechos fundamentales, quebrantando entre otros, el principio de igualdad en el acceso a la función pública" y reiteran que este decreto ley impuesto "a hurtadillas" supone la "privatización" de la administración.
El Gobierno andaluz lleva semanas enfrentándose al boicot de los funcionarios a actos institucionales y de partido, recrudecidos tras el acuerdo con UGT y CCOO, no mayoritarios entre los funcionarios de la administración general. La presión llevó a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, a anunciar el lunes la tramitación de la reforma como Proyecto de Ley para que PP y sindicatos de funcionarios expongan claramente sus desacuerdos y evitar la "manipulación" sobre el contenido del texto y la portavoz del Gobierno Mar Moreno reconoció que se rectifica "en la forma, no en el fondo".
