Carlos Rodríguez Vallecillo, abogado del Estado en excedencia, es uno de los letrados del despacho cordobés Mariano Aguayo Abogados que representan a las plataformas de funcionarios que han puesto en jaque la reordenación del sector público, al lograr que los tribunales paralicen las integraciones de las nuevas agencias.
–¿Qué motivos hay para que los funcionarios hayan puesto en manos de la Justicia la reestructuración de la función pública?
–La Junta de Andalucía dispone de una serie de empresas públicas que se nutren de personal privado, como se nutre cualquier empresa privada. Lo que se pretende con esta reforma es integrar ese personal dentro de la propia estructura de la Junta de Andalucía. Es decir, convertir este personal en empleado público sin haberse presentada a ningún proceso selectivo en el que se respeten los principios de publicidad, mérito, capacidad e igualdad, y, por tanto, vulnerando derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
–La Junta, en cambio, defiende que no tendrán consideración de empleados públicos...
–Hay dos tipos de empleados públicos, los funcionarios y los contratados laborales, pero para su ingreso se cumplen todas las garantías. Estas personas provienen de entes de carácter privado, que por la puerta de atrás, se van a convertir en empleados de la administración de la Junta de Andalucía. Una administración puede tener personal laboral, pero debe convocar un proceso que garantice que se va a acceder con todas las garantías de mérito, capacidad e igualdad. Lo que está planteando la Junta de Andalucía es inadmisible, es un insulto para las miles de personas que se están preparando para opositar. Los ciudadanos tienen que saber que un funcionario es independiente y está capacitado para la plaza que desempeña porque se ha preparado técnicamente para ello.
–¿Cuántos recursos tienen interpuestos en la vía judicial?
–En total hemos interpuesto 27 recursos, tanto por la vía de protección de Derechos Fundamentales, como por la vía ordinaria.
–¿Por qué las dos vías?
–Cuando se trata de una cuestión tan grave de vulneración de derechos fundamentales, la jurisdicción Contenciosa-Administrativa prevé este procedimiento. En este caso, nos basamos en la vulneración de los artículos 14 y 23 de la Constitución española. En el procedimiento ordinario es más amplio en cuanto a que planteamos tanto la vulneración de derechos fundamentales como otros artículos del Estatuto Básico del Empleado Público o la Ley Ordenación de la Función Pública de la Junta.
–¿Y los autos en los que se ha acordado suspender la implantación de las agencias a qué procedimiento responden?
–A los recursos planteados por vulneración de derechos fundamentales porque se iniciaron antes. De todas formas, por la vía ordinaria ya hemos logrado un pronunciamiento a favor sobre las medidas cautelares solicitadas sobre la Agencia del Conocimiento. Lo que es un hecho incuestionable es que todos y cada uno de los protocolos de integración de cada agencia están suspendidos en los tribunales. El último fue el de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Están todos suspendidos y, además, la disposición que ordena la integración del personal en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales ha sido anulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.
–¿Esto supone que la reordenación del sector público está ahora paralizada?
–Eso es lo que se ha ido ordenando en los sucesivos autos, en los que los jueces le han dicho a la Junta suspenda usted la integración en las nuevas Agencias del personal que proviene de los entes que previamente ha extinguido.
–¿Y ya se están ejecutando las resoluciones?
–Estamos comprobandolo. Desde luego que si no se cumple, vamos a iniciar todas las acciones. La ejecución de la medida cautelar es inmediata desde que se comunica a la administración, que está obligada desde ese momento.
–¿Por qué hay resoluciones contrarias según los órganos judiciales?
–La razón es que los juzgados rechazaron la suspensión cautelar en los primeros recursos, salvo en el caso de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, que se acordó por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla. Posteriormente, nos fueron concedidas por los Juzgados o por el TSJA, según los casos, que además ya ha fijado un criterio con la primera sentencia que resuelve el fondo del asunto. A partir de ahí, todos los juzgados nos la concedieron.
–Esa sentencia que entra en el fondo, ¿fija un precedente?
–La sentencia ha sido fundamental en la evolución de todas las resoluciones judiciales, puesto que entra en el fondo del asunto, lo razonable es que el resto se concedan. De hecho, en las que no se nos concedieron las medidas cautelares en los juzgados, se han conseguido por vía de recurso de apelación, como, por ejemplo, la del Servicio Andaluz de Empleo.
–¿Confían en que el resto de sentencias sean favorables?
–Sinceramente, lo realmente difícil era conseguir medidas cautelares que paralizaran la reordenación del sector público. Esto no quiere decir que las resoluciones favorables cuando se dicten las sentencias sobre el fondo sigan el mismo camino que la primera sentencia, aunque sería lo más lógico.
–¿En cuánto tiempo se resolverá el asunto?
–Está claro que la impugnación de los decretos acabará en el Tribunal Supremo. En cambio, los recursos presentados contra los protocolos, que es el acto material que ejecuta el decreto, el techo para recurrir está en el TSJA. Por eso, creemos que el procedimiento preferente de protección de derechos fundamentales podría estar concluido en los próximos meses, en la vía ordinaria se demorará más.
–¿La Fiscalía ha intervenido en el asunto?
–Sólo en el procedimiento de derechos fundamentales, en el procedimiento ordinario no puede. Nos ha dado la razón.
–Si ganáis, ¿la Junta tendrá que empezar de cero?
–Imagino que sí. Cuando se analiza la Ley de Ordenación del Sector Público, el decreto y los protocolos, a lo mejor es que se ha hecho de forma muy burda, pero la integración de personal que se propone vulnera derechos fundamentales. No olvidemos que la primera sentencia que se ha dictado sobre el fondo del asunto concluye que esa integración se hace “con desprecio” absoluto al Estado de Derecho.
