La delegación provincial de Educación ha presentado un proyecto para la modificación de los 11 distritos escolares en los que divide la capital andaluza. La reforma se centra en la supresión de las subzonas en las que se dividía cada uno de estos distritos, un aspecto clave para entender los problemas que se registran todos los años cada vez que se abre el periodo de escolarización. El criterio que más puntúa a la hora de aspirar a una plaza en un centro escolar es el del domicilio familiar (10 puntos si se pertenece a la subzona y seis puntos si se es del mismo distrito pero de otra subzona). Pues bien, según el delegado provincial de Educación, José Jaime Mougam, las subzonas se suprimirán por dos motivos: la necesidad de garantizar la equiparación de la oferta de colegios concertados y públicos (ahora los distritos tienen subdivisiones distintas según se hable de uno u otro tipo de centros) y, en segundo lugar, para limitar el número de casos de fraude escolar, pues se tiene detectado que la mayoría de ellos se produce en el ámbito de los domicilios familiares. Si con esta modificación se consigue un poco más de racionalidad y de simplificación del mapa escolar, habrá que aplaudir esta medida operativa. Pero una reforma como ésta genera algunas reticencias, sobre todo por el efecto llamada que puede generar sobre colegios concertados que hasta ahora han sido objeto de una demanda excesiva. Sostiene el delegado que no importa que los distritos sean tan grandes y que será difícil que, por ejemplo, los padres de un niño de Ciudad Jardín quieran llevar a su hijo a estudiar al Portaceli. Puede que sea así, pero también puede ocurrir lo contrario y que, siguiendo con este ejemplo, se produzca una inscripción masiva en el Portaceli de niños que lleguen de Ciudad Jardín, del Porvenir o de San Bernardo, con lo cual el problema de adecuación de la oferta y la demanda en esos barrios seguirá igual de enquistado que hasta ahora.
