Haya paz. Las cajas rurales del Sur y Extremadura rubricaron ayer por la tarde tras varios meses de negociación y discordia donde la política precisamente no ayudó el acuerdo por el que esta última sale del SIP (Sistema Institucional de Protección o fusión fría) que suscribieron las dos con la Rural de Córdoba. Se trata del primer divorcio consumado en el amplísimo proceso de reestructuración de la banca española, si bien las dos andaluzas se sacudirán el sinsabor con una fusión plena.
José Luis García Palacios, presidente de la Rural del Sur. / JOSÉ MANUEL CABELLO
La Caja Rural de Extremadura fue conminada por el Banco de España a presentar un plan de viabilidad con el que garantizar su futuro en solitario, desvinculada del Grupo Cooperativo Ibérico, el SIP que forjara con las rurales sevillana y cordobesa en 2011. Junto con este plan, el regulador exigía que, tal y como fue bendecido el matrimonio, la separación se materializara mediante contratos a firmar por las tres protagonistas. En Madrid ayer se firmaron las capitulaciones, a expensas de que la institución financiera suprema diga sí, que cada una vaya por su lado.
Según ha sabido este periódico, el acuerdo implica que la cooperativa extremeña tendrá que «indemnizar» con «alrededor de 2 millones de euros» a sus antiguas compañeras de viaje. Y a tenor de la exigua cantidad, habría que hablar de un auténtico pacto de caballeros, dado que los presidentes de las dos entidades andaluzas se habrían avenido a renunciar a las severas penalizaciones concebidas por el supervisor para quienes abandonan un SIP antes de cumplirse diez años de hecho, inicialmente se reclamaban 24 millones y después, 12 millones. Aun así, estamos hablando de «casi el beneficio anual» de la entidad extremeña.
Para cerrar los flecos, se necesitaron ayer reuniones al máximo nivel: por la mañana, entre los presidentes de las tres rurales, y por la parte, con el Banco de España. Según las fuentes, con posterioridad mantuvieron una «conversación telefónica amistosa» con el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, quien en su día instara a romper la alianza argumentando que ni su comunidad ni su caja serían sometidas por «conquistadores» andaluces. Sellado el pacto, lo de caballeros al final quedó en aguas de borrajas después de las declaraciones hechas por el presidente de la extremeña, Román Prieto, y recogidas por Europa Press. Dijo que no estaba dispuesto a «mutualizar las pérdidas» de la Rural del Sur. La salida del SIP sentenció es «un éxito de la sociedad extremeña en su conjunto». Nada dijo de la indemnización, aduciendo cláusula de confidencialidad, aunque garantizó que no peligra la viabilidad de una entidad que servirá de «músculo financiero» para Extremadura.
Previsiblemente, la Comisión Ejecutiva del Banco de España autorizará el próximo 4 de marzo el acuerdo alcanzado entre las partes, «y días después éste deberá ser ratificado por las asambleas de las tres entidades». La discordia surgió a raíz de los planes de la rural sevillana, que preside José Luis García Palacios, para que se avanzara en una fusión íntegra y no un mero SIP. Córdoba aceptó, no así Extremadura.
Mientras, de la unión de la Rural del Sur y la de Córdoba, mediante la absorción de la segunda por la primera, surgirá un grupo con sede social en Sevilla que tendrá 375 oficinas (94 de la cordobesa), un volumen de créditos de 4.681 millones de euros (702 millones de la absorbida) y una cartera de depósitos de 4.439 millones (954 de la cordobesa). Sus activos totales: 6.316 millones (1.200 de la novia).
El beneficio estimado: 10 millones (casi 3 procedentes de Córdoba). Y la plantilla: 1.083 personas (223 trabajan en la cordobesa).
