En pleno debate político y social sobre el error judicial que derivó en que el acusado de la muerte de la pequeña Mariluz, Santiago del Valle, no estuviera en prisión pese a estar condenado, el Gobierno aplicó una pena ejemplar a la secretaria del juez Tirado: dos años de suspensión de empleo y sueldo. La Audiencia lo ha rebajado a seis meses.
Han transcurrido casi ocho meses desde que el Ministerio de Justicia decidió actuar con mano dura contra Juana Gálvez, la secretaria del Juzgado Penal número 1 de Sevilla -el que condenó a Santiago del Valle sin que éste fuera posteriormente encarcelado-, a la que acusó de una falta grave de negligencia por incumplimiento de funciones y de protagonizar "un cúmulo de omisiones y errores". La sancionó con dos años de suspensión de empleo y sueldo, una decisión que contrastó con los 1.500 euros con los que fue multado el juez titular Rafael Tirado. Ayer, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional aceptó parcialmente el recurso planteado el pasado 27 de mayo por abogada de la secretaria con una sentencia que rebaja sensiblemente la sanción.
En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, la sala estima que hay una serie de circunstancias atenuantes en el comportamiento de Juana Gálvez, aunque subraya que "no son dudosas ni la negligencia ni el retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones propias de una secretaria judicial". No cuestiona así tanto la Audiencia el fondo de la resolución del Ministerio de Justicia como la desproporción de las sanciones aplicadas, especialmente dada la trayectoria de la afectada: "Ha tenido una dedicación personal intensa, en términos generales, a la que se ha unido una defectuosa atención en ciertos trámites y momentos de determinados procedimientos penales que ha podido servir de justificación para la aparición de un descuido o una errónea conducta en la tramitación de la ejecutoria".
En su recurso, la defensa de Juana Gálvez alegó la incompetencia del secretario de Estado para dictar la suspensión -papel que según Gálvez debía desempeñar el propio Ministerio-, la "insatisfactoria organización de la oficina, con una excesiva carga de trabajo", y la prescripción de los delitos. Todos estos argumentos son prácticamente rechazados por la sentencia de la Audiencia Nacional, que incluso incide en que hay "una negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones que se prolongó hasta el momento en que realizó una verdadera actividad para reparar la falta de atención a las obligaciones propias de su cargo". La reducción de la pena se basó así exclusivamente en una incorrecta determinación de la condena: "La resolución sancionadora ofrece una serie de razones sobre la duración de la sanción, algunas de las cuales pueden compartirse y otras no resultan ajustadas a la legalidad". Pese a esta rebaja, la secretaria del Juzgado Penal 1 de Sevilla anunció ayer que volverá a recurrir la sentencia hasta que sea completamente anulada su sanción.
La resolución del Ministerio de Justicia, ahora rectificada por la Audiencia Nacional, abrió una enorme brecha entre los secretarios judiciales y el Gobierno central que derivó en varias protestas. De hecho, ayer tanto el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales como la Unión Progresista de Secretarios Judiciales mostraron su satisfacción con la rebaja de una sanción que siempre consideraron "absolutamente desproporcionada".
Pese a esta rectificación, las dos resoluciones -contra la propia Gálvez y contra el juez Tirado- convirtieron en insostenible la situación del Juzgado Penal número 1 de Sevilla. Su titular ya ha logrado el traslado a una sala de lo Contencioso-Administrativo. Y sus pasos los seguirán tanto los funcionarios como la citada secretaria.
