Los consejeros de Cajasur que el día 21 de mayo pasado votaron a favor de la fusión de esta entidad con Unicaja tendrán una sanción menos dura por parte del Banco de España que la del Cabildo cordobés que, en connivencia con los representantes del sindicato Aspromonte, abortó la operación y desató la intervención de la caja por el supervisor, su gestión por el FROB y, por último, su adjudicación en subasta a la caja vasca BBK.
El regulador ha comenzado a remitir a los 35 consejeros y 5 directores generales de los últimos consejos de administración de Cajasur los expedientes que detallan las posibles faltas en las que podrían haber incurrido. Así, fuentes próximas a la caja explicaron que se trata todavía de pliegos de cargos previos a las propuestas de sanción y contra los que cabe alegar en el plazo de un mes. ¿Y qué tipo de faltas?
En principio, al tratarse de ese trámite previo, son comunes a los afectados, a excepción de quienes, en el consejo, sí cumplieron con el mandato del Banco de España de facilitar el enlace de la entidad cordobesa con la malagueña que preside Braulio Medel. Por tanto, agregaron, se presupone que las sanciones (económicas y de inhabilitación de hasta diez años para ejercer cargos financieros) serán más benignas que las que se impongan a los consejeros de la Iglesia y Aspromonte.
Sin embargo, las fuentes concretaron que existen otros cargos no menos graves y que atañen al papel jugado por el consejo de administración al desatender las recomendaciones y órdenes del supervisor relacionadas, sobre todo, con el control del riesgo crediticio y la concentración de éste en el ladrillo y la vulneración del coeficiente legal de solvencia (el mínimo exigido para poder operar). Por tanto, sancionaría a los consejeros por no obedecer sus instrucciones y circulares.
No obstante, la defensa de los que no procedían del Cabildo de Córdoba -impositores y quienes se sentaban, fueran socialistas o populares, en representación de la Junta de Andalucía- alegará el dominio que los curas ejercían en las decisiones y, por ende, ellos se limitaban a aprobar o no las propuestas, pero su voto negativo no servía para echarlas para atrás al bastar con los eclesiásticos y con los de Aspromonte. "Todo está reflejado en las actas", dice uno de los antiguos miembros de ese órgano de gobierno.
Los afectados pertenecen a los tres últimos consejos, los dos primeros presididos por el canónigo Juan Moreno -entre los años 2005 y 2006- y el último, por Santiago Gómez Sierra -desde 2006 hasta la intervención del Banco de España, el 21 de mayo pasado-. En cambio, se librará Miguel Castillejo, quien estuvo al mando de la entidad fundada por la Iglesia durante tres décadas y que, en sus últimos años, la introdujo en negocios inmobiliarios que ahora le pesan como una losa al ser los causantes del mayor agujero que han conocido las cajas de ahorros españolas.
Los expedientes no han llegado aún a todas las 35 personas de destino, como reconocieron ayer varias de ellas.
