La factura del agua subirá al menos un euro para las familias de Sevilla y parte del área metropolitana. Tras semanas amagando con un encarecimiento del servicio, el consejo de administración de la Empresa Metropolitana de Aguas (Emasesa) aprobó ayer las nuevas tarifas, que permitirán mantener, junto a otras medidas de ahorro como la congelación de salarios, el ritmo inversor. Prueba de ello es que para el próximo ejercicio tendrán 148 millones de presupuesto, un 8% más que hace un año. De esta cantidad, 59 millones irán a inversiones, según el gerente de Emasesa, Manuel Marchena.
Pero, para llegar a esas cifras, todos se rascarán el bolsillo, aunque sea un poco. La primera que predicará con el ejemplo será la empresa pública, que anunció 1,8 millones de euros en recortes en gastos, sin que eso suponga "una merma en el servicio". Pero también lo harán los ciudadanos: Emasesa ha establecido que las tasas fijas se encarezcan en 1,06 euros al mes para las familias, 1,80 euros para el pequeño comercio y oficinas y 1,83 euros para comercios y bares. El aumento mayor en términos globales será en los talleres de reparación de coches, los supermercados y las industrias con una facturación media de 300 euros. Éstos pagarán 18,65 euros más al mes.
La modificación al alza responde a un reajuste de sus cuentas. Los ingresos son inferiores al gasto en mantenimiento y las inversiones realizadas. Eso se nota en tareas de saneamiento, cuyos ingresos sólo representan el 14% del coste, pero también en depuración. En este punto, Emasesa alude que debe adaptar sus instalaciones a la nueva normativa ambiental y necesita más capital.
La estructura tarifaria, además, sufrirá un cambio sustancial. Hasta ahora, Emasesa fijaba un mismo parámetro para todas las viviendas (2,7 personas). Pero ese modelo expirará en 2010, cuando se dé paso a una facturación que se ciña "al número real de inquilinos en una vivienda".En otras palabras, Emasesa ajustará la factura y las bonificaciones por el número real de residentes.
En principio, esa notificación del número de inquilinos debía correr a cargo de los ciudadanos. De lo contrario, se contaría como si viviera una persona en la casa y, por tanto, se encarecería la factura para los hogares con más inquilinos, que no podrían acogerse a bonificaciones ya que su consumo sobrepasaría el límite establecido para un solo individuo. Ante esta situación, el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, planteó -y fue bien acogido- que sean los ayuntamientos los que determinen el número según el padrón y, en los casos de duda, sea una comisión la que decida cómo actuar. La comisión se aplicará a las viviendas con inquilinos no empadronados y a los bloques con contador colectivo donde parte de los vecinos se nieguen a dar los datos.
