Los empleados públicos sufrieron recortes de salarios en el primer paquete de medidas anticrisis de mayo de 2010 aprobadas por Zapatero. Ahora, y a la espera de si el nuevo Gobierno de Rajoy aplica aún más la tijera con carácter general, algunas comunidades autónomas comienzan a hacerlo por su cuenta y otras lo sugieren. Son los casos de Cataluña, que está gobernada por los nacionalistas de CiU, y el País Vasco, cuyo lehendakari es Patxi López, del PSOE. En la andaluza, el anuncio de Artur Mas sirve de nuevo argumento de confrontación entre socialistas y populares, en ambos bandos niegan que vayan a rebajar esos sueldos, aunque el PP ya ha apoyado públicamente el recorte de la Generalitat.
Lo cierto y verdad es que la rebaja catalana para sus funcionarios, que además se acompaña de una batería de subidas del agua, el billete de autobús, la gasolina y las matriculaciones universitarias y del estudio de una tasa por receta de medicamentos -se trataría de una modalidad de copago, aunque no del uso de los servicios médicos-, se ha generalizado en todas las regiones, y también la polémica al anunciarse tras la celebración de las elecciones del 20-N, y no antes.
Artur Mas no entró en detalles. En cambio, la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, avanzó ayer que los nuevos ajustes de salarios de los empleados públicos consistirán en la reducción de una parte de un complemento salarial dos veces al año. Se trata, según agregó, de una medida temporal acotada a 2012, que se tiene que acabar de concretar, pero que podría ser una parte de un complemento de las pagas extraordinarias.
Ortega garantizó que si el Ejecutivo central penalizase el sueldo de los empleados públicos, la Generalitat "retiraría" esa reducción en las nóminas. No habría doble recorte.
En el País Vasco, su Gobierno regional presentó ayer a los sindicatos de la Función Pública una propuesta para bajar el gasto de personal en unos 100 millones de euros en 2012. Incluye recortes en las primas por jubilación voluntaria o en los complementos por incapacidad transitoria.
En Euskadi hay 66.769 trabajadores en su Administración regional. El Ejecutivo informó, asimismo, de que arbitrará un plan temporal de medidas de ajuste y ahorro del gasto con los que hacer frente a "la complicada coyuntura actual". Las medidas que reducen los salarios a los funcionarios vascos se aplicarán "a todos" los departamentos durante 2012.
Se prevé la suspensión de las primas por jubilación voluntaria, que durante el próximo ejercicio se anularán en su totalidad en la Administración vasca. Y se congelarán los contratos de relevo, que podría perjudicar a 365 personas, al tiempo que se erradicará la prórroga del servicio activo con más 65 años -201 personas-.
Andalucía. Aunque sus compañeros de partido han respaldado el recorte a los empleados públicos en Cataluña, el presidente del PP-A, Javier Arenas, sostuvo que no coincide con las prioridades de Artur Mas. Agregó que su plan de saneamiento para las cuentas andaluzas "no va en la dirección" de la planteada por Mas.
Desde el PSOE andaluz se hizo especial énfasis en ese apoyo del PP en Cataluña para advertir que la derecha haría en Andalucía tres cuartos de lo mismo.
Mientras, en Canarias, un sí y un no. Su presidente, Paulino Rivero, hizo ayer un llamamiento "a la reflexión" a los funcionarios y que miren lo que ya ocurre en otras comunidades ante la difícil coyuntura. En su opinión, los que tienen trabajo público, fijo y con la garantía de que el próximo mes pueden cobrar su salario y pagar la hipoteca deben saber que "eso hoy es un privilegio".
Para contundente, Juan Rosell, presidente de la CEOE. "Hay que hacer lo que hay que hacer, es de sentido común", dijo.
En cuanto a la posibilidad de un copago, los farmacéuticos de Cataluña pidieron a Mas que concrete y los médicos, no aplicarlo a enfermos crónicos. En Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo que ninguna "persona sin recursos" se quedará sin asistencia sanitaria en la comunidad, mientras que el BNG y los socialistas advirtieron de que el Gobierno gallego podría privar a esas personas sin sanidad para sólo atenderlas en urgencias.
