Cajasol-Banca Cívica tiene previsto acabar su torre de 178 metros en el primer trimestre de 2013 y, si el Ayuntamiento le obliga a parar la obra, se defendería con todas su armas, la principal de ellas la legal. Cuenta con permisos y licencias, como admite el propio gobierno local de Juan Ignacio Zoido (PP), así que es más que probable que recurra a los tribunales si se llegase a revocar su licencia por el "interés general". Eso es lo que alega el Consistorio, que Sevilla no puede perder la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Alcázar, el Archivo de Indias y la Catedral. Algo que la Unesco aún no ha decidido y que incluso podría no quedar despejado en la reunión de junio del Comité del Patrimonio Mundial.
La crisis, evidentemente, ha trastocado los planes financieros de Cajasol, pero la comercialización de las oficinas de la torre no estaba prevista hasta el tramo final del proyecto, o incluso hasta dentro de dos años; el proyecto tiene aún tasas de retorno aceptables y siempre con un horizonte de 40 años para recuperar la inversión (300 millones de euros). Este largo plazo de amortización desmonta las críticas al supuesto negocio especulativo, si bien no hay que obviar que la caja es una empresa que vela por sus intereses, por sus activos y su imagen. De no hacerlo, sus responsables estarían estafando a sus accionistas.
El Ayuntamiento, pues, sólo podría recortar o parar el proyecto pagando, siempre y cuando no haya una sentencia que afirme que la licencia de obra es ilegal, lo que apuntan los miembros de la plataforma Túmbala.
En este escenario, por ahora, lo más rentable para la ciudad es que el Consistorio resuelva el problema con la Unesco. Y la receta que se da desde la caja es sencilla: defender el proyecto y hacer gestiones diplomáticas. No hay que olvidar que el promotor no tiene interlocutor en el Comité de Patrimonio, formado por 21 países.
Por otro lado, el secretario general de la federación provincial de Construcción, Madera y Afines de CCOO, Antonio Salazar, aseguró que la paralización de la obra constituiría un "golpe bastante fuerte, un palo" para el empleo en el sector. Salazar señaló la "agudizada preocupación" que reina entre los trabajadores dadas las voces que proponen detener las obras y explicó que en la provincia de Sevilla sólo trabajan en la construcción 44.000 personas, cuando hace unos años había 105.000.
