España tiene que poner remedio al tratamiento de aguas residuales en más de 400 localidades del país dentro de dos meses como máximo. En caso de que no lo haga, la Comisión Europa llevará al país ante los Tribunales de Justicia.
El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, instó al Gobierno español a tomar "medidas inmediatas" para aplicar correctamente la legislación medioambiental europea y "proteger la valiosa y rica biodiversidad" del país. De esta manera, si España no responde satisfactoriamente a los requerimientos en un plazo de dos meses, la Comisión puede decidir llevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso de los vertidos, el comisario se mostró "muy preocupado" porque "en un estado miembro de la Unión Europea donde el agua es un recurso valioso y escaso, un alto número de pueblos y ciudades vierten aguas residuales que no han sido correctamente tratadas en ríos y mares, incluso en áreas sensibles".
El ejecutivo comunitario se refiere concretamente a dos casos paralelos que conciernen a la directiva de Tratamiento de Aguas Residuales que se aprobó en 1991. En el primero, la Comisión entiende que 343 pueblos y ciudades españolas arrojan aguas residuales sin un tratamiento adecuado en áreas sensibles o potencialmente sensibles.
Según la CE, estas actuaciones incumplen la directiva que establece que desde 1998 las poblaciones de más de 10.000 habitantes que viertan aguas en zonas sensibles deben contar con un sistema de tratamiento con los más altos estándares de calidad, conocido como "tratamiento terciario". Por su parte, otro informe de la Comisión también confirma que seis áreas potencialmente sensibles siguen sin ser designadas como tales, y que una zona calificada como "menos sensible" en Cantabria no cumple con los requerimientos de la directiva.
El segundo caso se hace referencia a la falta de cumplimiento de la directiva en 59 pueblos y ciudades de más de 15.000 habitantes, que precisaban sistemas adecuados de tratamiento de las aguas para finales del año 2000. No obstante, fuentes oficiales del Ministerio de Medio Ambiente confirmaron ayer que no habían recibido aún el listado de los 400 puntos negros a los que hace referencia la Comisión Europea en su informe.
A pesar de ello, el responsable de la campaña de aguas de Greenpeace, Julio Barea, especificó que la "situación en el país es bastante mala y que Andalucía es la comunidad que presenta más denuncias de este tipo dado que muchos ayuntamientos no cumplen correctamente con la normativa", y puntualizó que algunos municipios "no depuran absolutamente nada".
Minería en León. Por otra parte, Bruselas también pone en entredicho el proyecto de la Junta de Castilla y León para mantener la minería a cielo abierto en el valle de Laciana (León), y hacer posible la explotación de carbón en el municipio de Villablino, área que pertenece a la Red de Espacios Protegidos Natura 2000. "Este caso concierne a una larga investigación de la Comisión sobre varios proyectos de minas a cielo abierto en el Valle de Laciana, localizadas dentro un espacio natural importante, el Alto Sil", según informó la Comisión a través de un comunicado. Concretamente, la CE envió en febrero de 2008 una primera carta de advertencia por no haber evaluado adecuadamente los efectos de dichos proyectos en función de la directiva de Hábitats y la de Evaluación de Impacto Medioambiental.
Por este motivo, la Junta castellana presentó el pasado octubre un plan preliminar para poner fin al procedimiento de infracción abierto por Bruselas, pero "tras una inspección in situ, la Comisión Europea considera que las actividades mineras que se desarrollan pueden perjudicar el hábitat de dos especies" amenazadas, el oso pardo y el urogallo.
