El Tribunal Supremo de Justicia de EEUU decidió ayer dejar en suspenso la venta de los activos del fabricante estadounidense Chrysler al italiano Fiat, con objeto de contar con más tiempo para estudiar los términos de la operación.
La transacción, aprobada la semana pasada por el Tribunal de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, es un paso crucial para la reorganización de Chrysler, si bien un grupo de consumidores y fondos de pensiones decidieron recurrir la operación ante el Supremo.
Entre los principales opositores se encuentran tres fondos de pensiones de Indiana, que gestionan los derechos de jubilación del cuerpo de Policía y de los profesores del Estado y que cuentan con participación en Chrysler con el 1% de las acciones. Estos fondos, que son acreedores de 42 millones de dólares de los 6.900 millones en préstamos garantizados de Chrysler, piden una mayor compensación por su deuda.
Además, consideran inconstitucional que, sin la autorización previa del Congreso, Chrysler recibiera 8.000 millones de dólares del Programa de Alivio de Activos Depreciados que puso en marcha el Gobierno estadounidense.
El juez de bancarrotas encargado del caso, Arthur González, aprobó la venta la pasada semana, argumentado que los fondos no tenían razón para quejarse, ya que recibirían lo que les corresponde de los 2.000 millones de dólares de fondos de ese programa que se reservaron para pagar a los accionistas con bonos asegurados. La cantidad que se les pagará será, según el juez, muy superior a la que recibirían si Chrysler no pudiera salir de la bancarrota y hubiera que liquidarla. Esa decisión fue ratificada el pasado viernes por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito.
La venta de los activos de Chrysler a Fiat es una parte fundamental de la salida de la bancarrota de la firma estadounidense, que entró en quiebra el pasado 30 de abril. Si la venta no se cierra antes del día 15, Fiat tiene derecho a suspender la operación, de la que está pendiente la producción de Chrysler, ahora congelada.
