Cada cierto tiempo aparecen crímenes que bien por su crueldad o por las circunstancias en las que se produce, ocasiona un amplio movimiento de respuesta social. En años pasados fue el terrible asesinato de las niñas de Alcasser; de forma más reciente el asesinato de Rocío Wanninkhof y, ahora, la desaparición y muerte de Marta del Castillo. En el caso de las niñas de Alcasser, sea o no real, la mala instrucción del sumario y la huída de su principal sospechoso, dejó en el sentimiento popular la impresión de que había resquicios oscuros y tramas poderosas sin investigar y supuso la vuelta de la prensa amarilla bajo un respetable manto de respetabilidad. El caso de Rocío Wanninkhof, por su parte, se convirtió en un auténtico linchamiento contra una inocente, condenada por su apariencia y su condición sexual, y en el que jueces, medios de comunicación y público en general no respetaron los más elementales derechos a la defensa propia y a la presunción de inocencia. Todo ello, por cierto, sin que nadie haya pedido perdón a esta víctima de los prejuicios y la maledicencia. Con el caso de Mari Luz la vida judicial de este tipo de crímenes dio un brusco giro y encontró una nueva fórmula según la cual si hay un abominable asesinato, más un padre dispuesto a impartir teoría jurídica y a ocupar el papel de policía o tribunales, tendría un hueco garantizado en los medios de comunicación. Los políticos, entonces, dieron una lección de falta de honestidad, apresurándose a utilizar este fenómeno mediático bien en su propio beneficio o, al menos, intentando satisfacer las demandas populares de un cambio en la legislación.
Cuando ha ocurrido el lamentable y doloroso crimen de Marta del Castillo, el camino ya estaba preparado para que, sin ningún tipo de reparos, se presenten como panaceas soluciones que vulneran el estado de derecho de cualquier sistema democrático. Todas las garantías de un estado democrático, como el derecho a no inculparse, la necesidad de que sea la acusación la que demuestre el delito y no el acusado el que demuestre su inocencia, el derecho a un juicio justo, etcétera, son presentados como obstáculos para la condena inmediata y fulminante de los imputados, hasta el punto que todo el sistema judicial y penal se representa como un aliado de los delincuentes y no de las víctimas. Según esta versión populista, la justicia debería ser impartida directamente por el pueblo, sin procedimientos ni esperas, sin garantías ni derechos procesales. E incluso la torpeza policial en aclarar el destino final del cuerpo de Marta, se convierte en un alegato contra los actuales métodos policiales, ya que cualquier ciudadano, al parecer sabría muy bien "cómo hacer hablar a esos niñatos", o lo que es lo mismo, como saltar los límites del maltrato y la tortura superados afortunadamente en tiempo reciente.
Pero nuevamente, lo sorprendente es que políticos que han firmado las leyes, que han rubricado la Constitución, que saben de sobra y que deberían explicar las razones por las que el estado de derecho debe prevalecer para que exista realmente la justicia, se suban al carro de la indignación popular intentando atraer unos magros réditos electorales. Así, fue inaudito que el propio Presidente del Gobierno se hiciese la foto junto al padre de la víctima y se comprometiera a estudiar algunas de los cambios legales que proponía. El extremo más llamativo es, sin embargo, el del Partido Popular que insistentemente lleva el tema al Parlamento, convirtiendo un asesinato en el escenario para la disputa partidaria y para la puesta en cuestión de las garantías procesales democráticas.
Concha Caballero es profesora de Literatura
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