La violencia de género es la manifestación más grave de la desigualdad. Por ello el sábado, víspera del Día de la Mujer Trabajadora que se celebrará hoy en toda Andalucía con manifestaciones y actividades reivindicativas, centró buena parte de los discursos políticos.
La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, apostó, en una entrevista con Efe, por vigilar policialmente y "meter más presión" a los agresores, en lugar de a las víctimas, una decisión que -recordó- corresponde a los jueces.
Convencida de que resulta "injusto" que sean las mujeres agredidas y con orden de alejamiento las que lleven detrás a la Policía o tengan que cambiar de domicilio, Navarro subrayó que "quienes tienen que llevar la pulsera, el collar o lo que quiera que sea y la vigilancia policial son los agresores porque romper una orden de alejamiento son dos segundos y en dos segundos las pueden matar tres veces". No obstante, defendió la utilidad de la ley contra la violencia de género frente a las críticas sobre su ineficacia.
Precisamente, el Consejo Andaluz de IU, celebrado en Córdoba, aprobó una resolución en la que solicita, entre otras medidas para luchar contra las desigualdades sociales y laborales, la ampliación de la Ley Integral de Violencia para encarar todos los aspectos de la violencia machista porque "no está dando resultados porque no tiene presupuesto ni objetivos políticos reales".
Y si la consejera de Igualdad pone el énfasis en el control del agresor, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, que participó el sábado en Churriana de la Vega (Granada) en un acto con mujeres, señaló que si llega a presidir la Junta, implantará planes de seguridad individuales para las mujeres víctimas de la violencia.
