En pleno frenazo inmobiliario las quejas de los consumidores sevillanos respecto a la primera inversión -y gasto- de su vida, la vivienda, siguen siendo las mismas de siempre. El Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía recibió el pasado año 352 reclamaciones sobre irregularidades en la construcción de las casas, retraso en los plazos de entrega, malos acabados, publicidad engañosa de los promotores o cláusulas abusivas en los contratos. Nada nuevo en un sector que ha vivido durante más de una década su mayor etapa de vacas gordas e inmerecidas en demasiados casos, a tenor de las quejas de los ciudadanos. Sin reconocer que la construcción ha sido el gran motor de la economía española y andaluza durante los últimos años, también es una realidad que los excesos en el sector han sido descarados, prepotentes y se han visto amparados por un alto grado de inmunidad que la Administración debería cortar de raíz. Sin embargo, aunque el ejecutivo autonómico impuso 59 sanciones en Sevilla durante el pasado año a los constructores, el ciudadano desconoce la razón de tales multas -muy baratas pues no superaron los 33.000 euros- y las empresas a las que se les impusieron, lo que es más grave. Porque no existe razón confesable alguna para que el poder político, los gobiernos elegidos por los ciudadanos, oculten la identidad de los autores de unas tropelías que siempre cuestan muy caro al consumidor que se hipoteca de por vida para adquirir una casa que ni de lejos vale realmente lo que le cobran por ella. Una política de transparencia absoluta lograría además separar al buen empresario del ladrillo (la mayoría lo es) de los magos de la especulación, cuando no de la ilegalidad en estado puro. La etapa en la que las casas se compraban sin ni siquiera existir todavía -en casi ningún otro sector económico eso sería posible- parece haber pasado. Sería deseable aprovechar la nueva época de mayor racionalidad que ahora se abre para acabar con los atropellos que tanto se vienen repitiendo con inaceptable descaro en ese colectivo.
