Las empresarias Blanca Rosa Bruño y María Isabel Bruño, que fueron juzgadas ayer en la Audiencia Nacional por pagar 6.000 euros a ETA en 2003 en concepto de impuesto revolucionario, negaron estos hechos así como que mantengan cualquier relación con la izquierda abertzale o la banda terrorista. Además, se declararon doble víctimas, por una parte de la propia organización y por otra de la Justicia.
"Quiero manifestar lo injusto de esta situación, es indignante", afirmó María Isabel Bruño en su turno de última palabra, en el que aprovechó la ocasión para denunciar que su familia lleva 30 años siendo víctima de la extorsión de ETA y que ahora tiene que soportar la acusación de un delito de colaboración con banda armada. "Se nos acusa de colaboradoras mientras somos víctimas", dijo.
"Quiero decir que resulta difícil encajar la actuación del Estado. Nos sentimos víctimas de la extorsión de ETA y de la Justicia", prosiguió la acusada, quien, al igual que su hermana Blanca Rosa Bruño, recordó que ambas permanecieron en prisión provisional durante un mes. "Es increíble todo lo que nos está pasando, son 30 años viviendo con este miedo (...). Es muy duro recibir una carta de ETA, pero no es menos duro lo que nos ha tocado vivir en la cárcel y todo lo que eso conlleva", destacó. Asimismo, las acusadas denunciaron que su familia ha estado "amenazada" durante 30 años, desde que recibiera la primera carta de extorsión en 1980.
Durante la vista celebrada ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, el fiscal Vicente González-Mota ha elevado a definitiva su petición de cinco años de prisión y el pago de una multa de 27.000 euros, mientras que la defensa reclamó la libre absolución de sus representadas.
Por su parte, varios peritos de la Guardia Civil apuntan que el lenguaje y la individualización de las cartas remitidas a las empresarias revelan que éstas efectuaron una "aportación voluntaria" de 6.000 euros de impuesto revolucionario.
