Las autoridades españolas creen que las expulsiones en masa de inmigrantes rumanos en Italia por motivos de seguridad no tendrán efectos negativos en un aumento de la inmigración a España desde el país balcánico. "No existe idea de que pueda haber un perjuicio" para España, afirmó el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Añadió que las autoridades de España e Italia estudian desde hace semanas el reciente decreto ley italiano para expulsar a ciudadanos de la Unión Europea (UE) por motivos de seguridad, que se ha dirigido sobre todo hacia algunos rumanos.
Camacho reconoció que hubo "preocupación" en Madrid al conocer los planes de Roma, pero que las suspicacias desaparecieron tras recibir garantías de que las expulsiones serían puntuales y con garantías judiciales.
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, insistió por su parte en que "no se puede ni criminalizar ni demonizar" a todo un colectivo porque existan algunos de ellos que cometan delitos, sobre los que debe caer todo el peso de la ley.
Rumí destacó que en España hay cientos de miles de rumanos que viven "de forma legal, que trabajan, que tienen un contrato legal, están afiliados a la Seguridad Social y que contribuyen con sus impuestos" al país.
España acoge en estos momentos a más de la mitad de los ciudadanos rumanos y búlgaros en edad de trabajar que residen en otros países de la Unión Europea, según datos de 2007 divulgados ayer por la Comisión Europea.
Las estadísticas comunitarias señalan que España acoge a 463.000 de los 845.000 trabajadores rumanos contabilizados en países de la comunidad europea, así como a 78.000 de los 157.000 búlgaros. Italia, acoge a 241.000 trabajadores de Rumanía.
