Foto de unidad y cierre de filas con el cumplimiento del déficit. Europa y los mercados deberían de respirar tranquilos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, logró ayer el objetivo que esperaba de la quinta Conferencia de Presidentes de la democracia y consiguió que todas las comunidades autónomas suscribieran un compromiso firme y unánime a favor del cumplimiento del déficit. "Debe reconfortar a todos", defendió Rajoy, convencido de que se traslada un mensaje positivo a los ciudadanos, a Europa y a los mercados.
El acuerdo fue posible pese a que los números son leoninos y la asfixia financiera golpea duramente a todas las regiones. A cambio, el Gobierno de la Nación atenderá en 2014 las reivindicaciones de los presidentes autonómicos que han exigido más oxígeno y otro reparto de la carga del déficit. Del 4,5% permitido para el próximo año, un 3,8% se queda en la administración central y las autonomías no podrán pasar del 0,7%. El Gobierno se compromete también a revisar el sistema de financiación autonómica, tal y como pedían Andalucía y Canarias. El envite soberanista de Cataluña quedó fuera del guión de la cumbre. Así lo quiso el propio Artur Mas, presidente de la Generalitat (CIU), que no dio rueda de prensa y emplazó a una comparecencia hoy en Barcelona.
Andalucía, País Vasco, Asturias, Cataluña y Canarias empujaron contra la injusta carga que recae en su mayor parte sobre los hombros de las comunidades para cumplir con la senda de consolidación fiscal. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, lleva ya meses reivindicando otro reparto de ese gran esfuerzo. Ayer Rajoy abrió la puerta a estudiar los criterios de reparto del déficit, pero no hasta 2014. Será el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que lo aborde. Rajoy precisó que de cara a los mercados no era bueno que ese nuevo reparto entrara en vigor en 2013. Griñán se mostró "moderadamente satisfecho" aunque dejó claro que a su juicio esa redistribución debería hacerse ya.
La de ayer fue una jornada larga en el Senado. No eran todavía las ocho de la mañana cuando los presidentes autonómicos comenzaron a desfilar por la Cámara Alta. Primero un desayuno con el Rey y los Príncipes. Más tarde una reunión de trabajo que se alargó casi ocho horas. Al final, el Gobierno logró que se suscribiera un acuerdo unánime de tres folios y cinco puntos. En una introducción, los presidentes manifiestan su "preocupación por la gravedad" de la situación económica y "la insostenible tasa de paro". A reglón seguido, certifican el compromiso de consolidación fiscal, invitan a una reflexión sobre el sistema tributario y se comprometen a revisar el actual modelo de financiación autonómica y el reparto de la carga del déficit. Igualmente se suscribe un compromiso con la creación de empleo, "con especial atención al desempleo juvenil y de los trabajadores de más edad", y se reclama un nuevo marco presupuestario para la Unión Europea que atienda las políticas de cohesión y la Política Agraria Común.
Fueron las comunidades socialistas (Andalucía, País Vasco y Asturias), junto a Cataluña y Canarias, las que ejercieron más presión. Las mismas que votaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado julio contra el reparto del déficit arbitrado por el Gobierno. Pero no es ningún secreto que los presidentes autonómicos del PP tampoco están de acuerdo. El Estado se queda todo el oxígeno que a la vez Bruselas otorgó a España para el cumplimiento de sus objetivos de reducción del déficit. Castilla y León y Extremadura se abstuvieron en julio al votar esos objetivos. Las comunidades deben cerrar el año con un déficit que no supere el 1,5% del PIB, deberán recortarlo al 0,7% en 2013 y al 0,1% en 2014. A la cita de ayer, los barones del PP llegaron convenientemente advertidos por su partido de que no tocaba hacer ruido. Algunos presidentes no habían podido disimular su enfado con los Presupuestos Generales del Estado.
El presidente andaluz, pese a sus discrepancias porque el reparto del objetivo del déficit no se haga ya, aseguró que Andalucía "siempre" cumple las leyes y no se convierte en un "discrepante legal" o en un "insumiso". Griñán subrayó que la senda de la consolidacion fiscal es "demasiado rápida" y defendió que para el año próximo se analicen ingresos públicos y gasto, de modo que se prioricen gastos como pensiones, sanidad o educación y, después, se haga un reparto del objetivo de déficit entre los agentes de gasto.
Otras de las reclamaciones de Andalucía incorporadas es el establecimiento de un grupo de trabajo a favor del mercado único en España; o la evaluación de las políticas activas y pasivas de empleo para mejorar su eficiencia. Griñán también había defendido una revisión de la financiación autonómica. El Comité Técnico Permanente de Evaluación analizará su aplicación, aunque no será hasta 2015. El presidente andaluz admitió un momento "más o menos complicado", aunque lo tildó de "anecdótico", con el presidente de Asturias, el también socialista Javier Fernández, con quien discrepó sobre la financiación. "Asturias no estaba de acuerdo, por un lado, y Canarias y yo por otro, pero hemos llegado a fórmula de entendimiento y no pasa más nada", zanjó Griñán. Celebró que la declaración unánime deje claro que "las comunidades no son el problema, sino la solución, o parte de la solución". "Desde la lealtad institucional, todos hemos querido aportar" para "fortalecer la posición de España en un momento difícil", concluyó.
