El retraso de la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros hacía presagiar la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para presentar los Presupuestos Generales del Estado más austeros de la democracia. Pero no. Fue la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la encargada de anunciar los nuevos (y ya enésimos) “esfuerzos” que soportarán los españoles, concretados después por el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ahí va el rosario del Viernes de Dolores, y por delante, los recortes que directamente más afectan al bolsillo de los ciudadanos, a falta, eso sí, de la letra pequeña.
1.- Los funcionarios tendrán, un año más, los sueldos congelados. No se reducen, pues, y esto cabe interpretarlo como un guiño a un colectivo que, con la reforma laboral y la nueva legislación para el control del déficit, tiene también los ERE y los despidos como espada de Damocles. Precisamente los sindicatos han tratado y tratarán de granjearse el apoyo de los funcionarios para sus reivindicaciones.
2.- Los pensionistas verán actualizadas sus pensiones conforme a la inflación para que su capacidad adquisitiva no sea mermada, aunque han tener en cuenta que la subida del IRPF ya les está reduciendo la paga desde el pasado febrero. Lo comido por lo servido.
3.- Las prestaciones por desempleo no se tocan, es decir, no habrá rebaja en el dinero que los parados cobran por quedarse sin su puesto de trabajo, en un país que supera con creces los 5,2 millones de personas sin él, y tampoco habrá recortes en las becas, siendo esta última una posibilidad que habían contemplado algunos partidos de la oposición por la -denunciaban- preferencia del PP por la educación privada.
4.- La luz y el gas natural se encarecen para los hogares un 7% y un 5%, respectivamente, a partir de abril. Para la electicidad, en concreto, el Gobierno apela a la reciente sentencia del Supremo que invalida la congelación aprobada por el anterior Ejecutivo socialista para el último trimestre de 2011, congelación, por cierto, apoyada (y pedida) entonces por el PP.
5.- Como ya se había anunciado, se extiende la jornada laboral a los funcionarios de todas las administraciones públicas, con 37,5 horas semanales como media, erradicándose, pues, las 35 horas que, años atrás, se defendían como una gran conquista social por parte de los sindicatos.
6.- Las tasas cobradas por la Justicia (denuncias y recursos) se encarecen, aunque aún no se concreta en qué porcentajes. Se hará especial hincapié sobre las tasas en segunda instancia (cuando se recurre a un tribunal superior) para evitar la excesiva judicialización de la vida y la acumulación de recursos.
7.- No habrá incremento del IVA, que es el impuesto que grava el consumo, pero sí retoques en el especial del tabaco, si bien no queda claro si nos costarán más o no los cigarrillos o simplemente será un cambio de fórmula al cobrárselo a las tabaqueras.
8.- Fuerte recorte a las políticas activas de empleo, es decir, a la partida para cursos de formación que reciben los desempleados para incorporarse al mercado laboral y los trabajadores en activo, por su parte, para adecuarse a las nuevas necesidades del mercado.
9.- Para todas las empresas, cambios en el Impuesto de Sociedades, aunque no se aplicará una subida en el tipo de gravamen. Sí se tocarán las deducciones del impuesto y los plazos de liquidación de esta carga fiscal para pymes y grandes compañías.
10.- Se aprueba una amnistía fiscal para regularizar el fraude, es decir, para que aflore, sobre todo para aquellos capitales que se encuentran fuera de nuestro país. Pensemos, pues, en los paraísos fiscales, refugio para el dinero de los ricos.
Hasta aquí, lo más importante para los ciudadanos, que, recordemos, ya tienen su nómina reducida por el incremento del IRPF aprobado por el Gobierno de Rajoy a finales del año pasado, pocas semanas después de su llegada a La Moncloa. Conjuntamente, la carga fiscal se elevará a 12.300 millones de euros. Pero atentos, puesto que la rebaja en el gasto de los ministerios, por valor de 27.300 millones (un 16,9%), acarreará menos contratos públicos y menos infraestructuras públicas. Menos actividad, pues, para las empresas en un país con el desempleo disparado. Y todo para cumplir un objetivo de déficit del 5,3% este año -“sí o sí”-, sin que de las palabras de Santamaría y Montoro se hayan escuchado palabras sobre estrategias de crecimiento de la economía empresarial y, por tanto, de la real, de la laboral y de la general.
