La ley de cambio climático, cuyo anteproyecto ha sido aprobado hoy en el Consejo de Gobierno, permitirá a las empresas más contaminantes sortear las sanciones por exceso de emisiones de carbono participando y financiando en proyectos ecológicos propuestos por la Junta de Andalucía, como la reforestación de bosques o programas para humedales y de agricultura. Se trata de grandes empresas que tengan contratado más de tres gigavatios por hora las que estarán obligadas por ley a hacer una auditoría energética y, en caso de que sobrepasen los parámetros mínimos de contaminación que establezca la norma (esos límites aún deben perfilarse en un reglamento posterior), deberán o bien pagar sanciones de entre 30.000 y 60.000 euros, o bien "compensar al planeta" participando en los proyectos planteados por la Consejería del Medio Ambiente. La titular del ramo, María Jesús Serrano, ha explicado que la vocación de esa ley no es castigar a las empresas, sino "educar" al empresario. Las sociedades que tienen contratado más de tres gigavatios no están contabilizadas por el Gobierno andaluz. El Consejo de Gobierno también ha aprobado el anteproyecto de ley de juventud y dos recursos de inconstitucionalidad contra sendas leyes del Ejecutivo central, una sobre el sector eléctrico y otra sobre la liberación de los espacios comerciales. La Junta considera que invade competencias autonómicas y limita las posibilidades económicas de Andalucía.
