Las necesidades económicas que padecen los colegios y la guarderías andaluzas, agravadas por la escasez de recursos que arrastran las administraciones, están empujando a muchos centros a buscar fuentes de financiación alternativas para hacer frente a las obligaciones más básicas, tanto educativas como de gestión. Los centros escolares, a través de las Delegaciones Territoriales de Educación, han elevado una consulta por escrito a la consejería que dirige Mar Moreno pidiendo conocer el margen legal que tienen para obtener unos ingresos extra que suplan esos déficit.
La Delegación provincial de Sevilla, en un escrito del pasado mes de noviembre al que ha tenido acceso esta redacción, remitió la consulta a la Secretaría General Técnica de Educación, planteando las tres posibles fuentes de ingresos que están tanteando algunos colegios y asociaciones de padres: "Contratar en las aulas de Infantil monitoras escolares de apoyo, a cargo de padres afectados por la falta de personal"; "Efectuar sorteos o rifas entre padres o solicitar aportaciones de los mismos, bien de forma general, bien ligadas a actividades concretas"; y en tercer lugar "la participación desinteresada de los padres reparando desperfectos de los centros o impartiendo talleres durante las actividades extraescolares".
Las tres medidas muestran cómo las escuelas buscan apoyarse económicamente en los padres de sus alumnos para cubrir los huecos que están dejando las administraciones de las que dependen. Lo que plantean no es ilegal siempre que el dinero que obtengan no sirva para ofrecer servicios educativos que son gratuitos ni que se deriven de la prestación de servicios distintos a los gravados por tasas. En este sentido, la propuesta de cobrar a las familias para contratar a monitores en las escuelas de Infantil (de 0 a 3 años) sí estaría prohibida en la legislación. Las otras dos medidas podrían ampararse en la ley, aunque a muchos profesores les plantea una duda ética: ¿Pueden todas las familias colaborar económica con las escuelas de sus hijos y hasta qué punto? ¿Se corre el riesgo de ampliar la brecha social entre los colegios y la población escolar de zonas más deprimidas y los centros de barrios acomodados? ¿No debería la Junta velar por el equilibrio de igualdades para todas las escuelas públicas o incluso discriminar positivamente con más recursos a las zonas más necesitadas, como de hecho, viene haciendo con algunos programas de apoyo?
La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que los centros "podrán obtener recursos complementarios, previa aprobación del Consejo Escolar", pero dentro de unos límites. En teoría esos fondos extra son para "complementar" gastos de funcionamiento que reciben los colegios de la Junta, o para desarrollar actividades por las tardes, iniciativas innovadoras, etc... Lo significativo ahora es que los centros reclaman el dinero a los padres para cubrir necesidades educativas básicas, "acometer sus gastos de funcionamiento, renovar material educativo, organizar actividades extraescolares o emprender obras y reparaciones".
Padres voluntarios // Las iniciativas de financiación alternativa que plantean los colegios "tratan de paliar las necesidades económicas de los centros que, además, se ven agravadas por la falta de apoyo de los ayuntamientos [responsables de la limpieza y seguridad de los colegios], cuyos problemas de tesorería dificultan que puedan atender sus obligaciones de mantenimiento de edificios", reza el escrito de la Delegación de Sevilla. En otras ocasiones, añade el texto, "dichas necesidades las ocasiona la escasez de recursos humanos de los propios centros, derivados de los recortes presupuestarios que la coyuntura económica viene imponiendo". Los presupuestos de Educación para 2013 están lastrados por el drástico recorte de la plantilla de profesores, sobre todo a raíz de la ampliación de la jornada lectiva en Secundaria aprobada por el Ministerio, que ha obligado a prescindir de 4.526 interinos en los institutos andaluces. Pero también la plantilla de maestros de Infantil y Primaria ha caído respecto al año anterior, docentes jubilados que no han sido sustituidos, perjudicando la calidad educativa y las clases de refuerzos.
Sobre las posibles formas de autofinanciación de los colegios, la Secretaría General Técnica de Educación respondió a la consulta el pasado 28 de noviembre, con un informe que fue remitido por correo electrónico a todos los centros y guarderías. La consejería deja patente que "no es posible la contratación de monitoras de escolares de apoyo en las aulas de Infantil a cargo de los padres afectados (se entiende que a través de Ampas) ya que dicha contratación supondría una cesión de trabajadores prohibida por el ordenamiento jurídico", es decir, un incumplimiento flagrante del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, la Administración muestra que la normativa es más flexible en cuanto a los otros dos supuestos. Así pues, se aceptan las rifas y sorteos entre padres o solicitar a éstos aportaciones, previa aprobación del Consejo Escolar, "siempre que no sea una imposición a las familias", y que tengan "carácter voluntario". En cuanto a la "participación desinteresada de los padres" para realizar reparaciones o impartir talleres extraescolares, "se podría incluir dentro de los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad, y que se excluyen del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores", dice el informe.
No obstante, la consejería advierte de que "la falta de formación de los padres y la posibilidad de que se produzcan daños susceptibles de responsabilidad patrimonial" hace que se "planteen dudas sobre la absoluta conveniencia de su aplicación práctica". Como alternativa, Educación propone recurrir al "voluntariado educativo", una figura regulada en la LEA, que dejaría esos trabajos en manos de ONG especializadas y sin ánimo de lucro, siempre que no sustituyan trabajo remunerado en la escuela o que sirvan para "eximir a las administraciones públicas de garantizar" sus obligaciones con la ciudadanía.
