Dos enfermeras del hospital Virgen del Rocío consultan fichas de trabajo.
Han pasado más de tres años desde que en octubre de 2010 se implantase la factura sombra o informativa en el hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) con el objeto de que los usuarios del sistema sanitario conozcan cuánto cuesta el tratamiento que reciben. La puesta en marcha de esta iniciativa la anunció a bombo y platillo la por entonces consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, actual titular del departamento de Hacienda y Administración pública, hasta el punto de que se llegó a afirmar que para finales de 2011 la factura sombra se expediría en los 47 complejos sanitarios de Andalucía y en los más de 1.500 centros de salud de la comunidad.
Sin embargo, la instauración de este procedimiento informativo va a un ritmo mucho más lento de lo previsto. Se ha estancado. A día de hoy, este tipo de notificaciones, que son totalmente gratuitas, sólo se entregan en 34 de los 47 hospitales que hay en la comunidad autónoma, es decir, en el 72, 3 por ciento.
El motivo por el que está paralizada la instauración de este servicio se debe, según fuentes de Salud, a que se está adaptando el sistema informático para que todos los centros sanitarios puedan compartir información. No obstante, el balance que se hace de la factura informativa por parte de la Administración es bastante satisfactorio por ser un ejercicio de «transparencia y responsabilidad».
Desde octubre de 2010 al 31 de diciembre de 2013 se han emitido un total de 80.910 facturas sombra, con un coste asociado de 92,3 millones. Sólo en 2013 se entregaron 16.047 cuentas informativas: Almería (1.406), Cádiz (1.787), Córdoba (1.208), Granada (470), Huelva (247), Jaén (1.026), Málaga (5.851) y Sevilla (4.052).
Esta información no se facilita a la totalidad de los pacientes, sólo se da a los usuarios que han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas de hernias, vesícula y cataratas realizadas a través de cirugía mayor ambulatoria y pruebas diagnósticas digestivas y cardiológicas, cuyos tratamientos tienen tarifas diferentes, según el centro en el que se realicen, en base a una serie de variables como la actividad, profesionales, costes de la unidad y costes indirectos.
Así, en el hospital de la Costa del Sol una operación de cataratas tiene un coste de 1.399 euros, mientras que en el Infanta Elena de Huelva asciende a 1.157 euros, en el Torrecárdenas de Almería a 1.497 y en el Regional de Málaga a 1.554.
A pesar de que este sistema informativo no se aplica en estos momentos en todos los hospitales de Andalucía, en el pionero, en el de la Costa del Sol, el balance que hacen de la factura sombra es más que positivo. La supervisora de Enfermería de Pruebas Funcionales y Digestivo, Ana Belén Moya, señala que es una buena fórmula para que los ciudadanos sepan dónde van a parar los impuestos que se pagan y para que se conciencien de lo que cuesta la asistencia sanitaria, lo que contribuye a no abusar del sistema. Recuerda que cuando se implantó la entrega de los recibos informativos entre los pacientes había cierta expectación por no saber en qué consistía y porque se temían que la medida pudiese abocar al copago, «pero a la vista está que no es así».
Asegura que la mayoría de los pacientes recogen el documento con interés y dicen que «es bueno conocer lo que cuestan las cosas». Es más, señala que hay usuarios que al haberse realizado una prueba y haber recibido un justificante lo han llegado a reclamar en otros servicios en los que no se entregan las facturas sombra: «Me llegó a llamar una supervisora preguntando si estaba cometiendo un error porque no las estaba facilitando, después de que un enfermo se la reclamase por una prueba en la que no se ha implantado este sistema». Esto demuestra, según remarca, que los usuarios quieren saber el coste del tratamiento que han recibido. «Son muy pocos a los que se les entrega el sobre con la factura y no lo abren o no prestan atención», recalca.
Rechazo unánime al copago sanitario La factura sombra es acogida con desigual entusiasmo por los sindicatos UGT y CCOO y por el Consejo Andaluz de Médicos. Mientras que el secretario general de Sanidad de UGT, Antonio Macías, estima que es una buena medida, porque se explica a los pacientes lo que cuesta el tratamiento que han recibido. «Los ciudadanos deben tomar conciencia de que la sanidad tiene un coste alto, para valorar lo que se tiene». El secretario general de Sanidad de CCOO, Humberto Muñoz, y el presidente del Consejo Andaluz de Médicos, Francisco José Martínez, dudan de la eficacia de la medida en un momento de recortes, entienden que puede ser contraproducente en un servicio que es universal.
En lo que sí coinciden estas tres organizaciones es en rechazar tajantemente el copago sanitario y la propuesta que lanzó el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, quien pidió que se cobrase a los pacientes que hiciesen un «mal uso» de la sanidad. Los dos indicaron que esta medida no se puede llevar a cabo y pusieron como ejemplo que cuando un paciente acude a urgencias con un dolor no tiene por qué saber si su dolencia es grave o no. En este sentido también hicieron especial hincapié en la necesidad de mejorar y potenciar la Atención Primaria y reducir el tiempo de espera para evitar que un usuario de la sanidad decida acudir a las urgencias hospitalarias para ser atendido con más celeridad.
Macías reconoció que hay personas que hacen mal uso de lo público, pero remarcó que la mayoría de las personas que acuden al médico no abusan del sistema: No pueden pagar justos por pecadores».
Muñoz, por su parte, recalcó que lo que se debe hacer es organizar mejor el sistema, «porque los abusos son relativos» y echó la culpa de la situación a los gestores de la sanidad «que no lo hacen bien».
Mientras que Martínez asegura que penalizando el uso de la sanidad no se consigue nada, por lo que abogó por educar a los pacientes en sus derechos y obligaciones y en estimular a los médicos. Además, reclama que se potencie la buena relación entre pacientes y médicos.
Este rechazo del copago sanitario es también compartido por la consejera de Salud y Bienestar Social, María José Sánchez Rubio, que en varias ocasiones ha descartado que en Andalucía se vaya a imponer algún tipo de sanción a los ciudadanos «por no saber en un momento determinado si deben ir a las urgencias del centro de salud o del hospital».
