Las antiguas suspensiones de pagos no sólo afectan a las empresas, sino también a familias que no pueden hacer frente a sus deudas.
El número de particulares en concurso de acreedores ascendió a 268 en el segundo trimestre del año en el país, la segunda cifra más alta de la historia, tras incrementarse el 7,2% en relación con el primer trimestre, aunque bajó un 16,5% respecto al mismo periodo de 2009, cuando se tocó el máximo. En Andalucía, el crecimiento de familias en quiebra fue superior a la media española, ya que se situó en el 57% respecto al trimestre anterior, con 41 concursos.
Según se desprende de la Estadística del Procedimiento Concursal publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre abril y junio volvió a aumentar el número de ciudadanos insolventes, mientras que se mantuvo la tendencia a la baja entre empresas y autónomos que no pueden afrontar sus deudas.
En concreto, 1.243 sociedades y emprendedores tuvieron que acogerse a un procedimiento concursal (antigua suspensión de pagos), lo que supuso un descenso del 9,5% en relación con el primer trimestre y del 13,7% en comparación con el segundo trimestre de 2009.
Las diferencias interanuales arrojaron caídas sustanciales tanto en particulares como en empresas, ya que entre abril y junio del año pasado se alcanzaron las cifras máximas de la historia (presentaron concurso de acreedores 321 ciudadanos y 1.441 sociedades o autónomos). Así, el total de 1.511 concursos de acreedores presentados en los Juzgados en el segundo trimestre de este año bajó un 14,2% respecto a los 1.762 del segundo trimestre del año pasado.
El Registro de Economistas Forenses (REFor) calcula que tras el récord de 2009 este año se mantendrá una cierta tendencia a la estabilización y se presentarán cerca de 5.000 insolvencias de empresas y particulares en los Juzgados. Esa cifra implicaría una caída de hasta el 15,5% respecto a las 5.922 suspensiones de pagos del ejercicio pasado.
El presidente del REFor, Raimón Casanellas, señaló en declaraciones a Efe que la reducción será mínima entre los concursos de acreedores de ciudadanos por los efectos de la crisis. "Las insolvencias de particulares siguen siendo muy reducidas en comparación con otros países vecinos", aseguró Casanellas, que representa a una parte de los profesionales que se nombran judicialmente para administrar concursos de acreedores.
El REFor consideró que los procedimientos concursales de particulares "sí son una solución en el caso de personas que acumulan muchos préstamos personales", aunque recordó que no sirven para paralizar la ejecución de hipotecas por impago.
Casanellas destacó la inoperancia de la Ley Concursal para resolver los problemas de sobreendeudamiento de particulares, ya que si no llegan a pactos con sus acreedores, el procedimiento se archiva judicialmente y se vuelve a la situación anterior.
"El particular sigue teniendo que hacer frente a las mismas deudas con sus bienes presentes y futuros", declaró el presidente del REFor, que añadió que estos procedimientos pueden conllevar un coste medio de entre 15.000 y 20.000 euros para una familia en concepto de gastos de procurador, abogado y remuneración de administradores judiciales.
