El Sindicato de Obreros del Campo (SOC) de Almería calculó ayer que unos 10.000 inmigrantes contratados en origen durante esta campaña en España, procedentes sobre todo de África, permanecerán de forma ilegal en el país porque ninguna administración garantiza que vuelvan a ser empleados el año que viene.
Un portavoz del colectivo, Federico Pacheco, denunció públicamente el despido "irregular" de 24 de los 30 trabajadores contratados en Marruecos por la empresa onubense Frutsol para realizar tareas en el campo durante seis meses. Aunque el grupo llegó a España el pasado 18 de marzo, dos meses después de tramitar la documentación en su país, no empezó a faenar hasta seis días más tarde, el 24 de marzo. A partir de esa fecha, los peones aseguraron haber trabajado sólo 18 días, ya que el 18 de abril la empresa abrió un expediente sancionador a 24 de ellos por una "disminución del rendimiento", que creen injustificada.
Los propios trabajadores explicaron que ante la presión del empleador para "devolverlos" a Marruecos, nueve de los 24 despedidos "huyeron" hasta Almería, ya que no quieren abandonar España puesto que su contrato en origen se extendía hasta el próximo mes de julio. Para el SOC, el despido de estos operarios demuestra que el sistema actual de regulación de flujos migratorios, con la política de "cierre de fronteras", genera una "servidumbre legal".
