La dimisión forzosa del alcalde popular de La Línea, Juan Carlos Juárez, obligado por una condena de seis meses de inhabilitación, ha reabierto el debate de por qué los partidos mantienen en sus filas a imputados o condenados y, lo que es más llamativo, por qué los ciudadanos siguen dando su apoyo a políticos bajo la sombra de la corrupción.
Las formaciones niegan que sean indulgentes, pese a que todas cuentan con cargos municipales envueltos en irregularidades. Muchos repiten elección tras elección en los carteles e, incluso, mejoran sus resultados. ¿Cómo es posible? Los partidos los mantienen porque no hay presión social para desbancarlos.
El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide Javier Torres Vela lo achaca a que en España, igual que en las culturas mediterráneas, la gente es "más tolerante con la corrupción" y, según él, eso es "muy pernicioso" porque crea un "ambiente de impunidad". El ex presidente del Parlamento apunta a "redes clientelares" que sostienen al cargo público en el poder. "En el negocio urbanístico, por ejemplo, se enriquece el alcalde pero también el propietario de suelo y al que se le vende la vivienda", explica. Es una "comunidad de intereses" en la que todos ganan. A la hora de votar, la corrupción no pasa factura. En las pasadas municipales, una treintena de alcaldes imputados conservaron el poder o lo incrementaron.
Así ocurrió con el alcalde popular de Alhaurín El Grande, Juan Martín Serón (PP), detenido en enero de 2007 y al que el fiscal le acusa de dirigir un entramado que presuntamente daba licencias ilegales previo pago. Cuatro meses después del arresto el pueblo lo premió con 5.547 votos más. El PP le mantiene al frente del ayuntamiento. Tampoco ha expulsado al regidor de La Línea pese a que acumula cuatro causas por prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Juárez revalidó la mayoría absoluta.
También volvieron a arrasar en los comicios dos alcaldes socialistas que luego se supo que lideraban tramas corruptas. El de Estepona, Antonio Barrientos, fue detenido en 2008 por encabezar una red similar a la de Marbella y el de Alcaucín, José Manuel Martín, por capitanear una red que negociaba con chalés ilegales. Todos ellos contaban, al igual que Jesús Gil en Marbella, con el beneplácito de sus vecinos.
El sociólogo del Centro de Estudios Andaluces Antonio Jaime Castillo justifica ese apoyo en la "fidelidad ideológica a un partido". Considera que la gente "sí es consciente" de los casos de corrupción de su alrededor, pero que pesa más la "costumbre". El investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) Braulio Gómez añade que los escándalos "no son la causa por la que un ciudadano va a votar". Para que un alcalde sea castigado por sus votantes tienen que darse, a su juicio, cuatro condiciones: "que la gente se entere, que se crea el caso de corrupción, que le atribuya la responsabilidad y que lo considere relevante".
Los partidos presumen de que ante delitos flagrantes aplican la "tolerancia cero" y de que no les tiembla el pulso a la hora de expulsar a los acusados. Pero matizan: no todos los episodios se pueden medir con el mismo rasero. "Hay que distinguir entre casos evidentes de corrupción y asuntos administrativos derivados de la gestión", avisa el secretario de Comunicación del PSOE-A, Miguel Ángel Vázquez. En los primeros, como Estepona o Alcaucín, los socialistas apartan "inmediatamente" al cargo público y le piden el acta, en cuanto es imputado. "Ahí somos inflexibles. Quien la hace la paga", sentencia Vázquez. Distinto empaque tiene la acusación de un regidor por permitir construir una casa de aperos ilegal. En esos casos no hay tanta diligencia.
En el PP el código interno es más laxo. No se expulsa a un militante si a éste le queda alguna posibilidad de recurrir. Es lo que ha pasado con Juárez o Martín Serón. Desde el punto de vista legal, hasta que no haya condena firme un cargo público puede seguir ejerciendo. "Hasta entonces rige la presunción de inocencia y no hay cortapisas legales", señala Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de Sevilla. No obstante, avisa: "Una cosa es la legalidad y otra la ética".
Diego Valderas, coordinador de IU, se jacta de ser el que "menos cargos públicos imputados" tiene -cuenta con una menor presencia institucional-. Fue sonado el caso del ex alcalde de Camas, Agustín Pavón, imputado por cohecho y que sigue siendo hoy el líder local de IU. Valderas ve prácticamente imposible que las formaciones puedan pactar un código ético que fuera inflexible con los corruptos. "El PSOE y el PP son unos hipócritas y lo incumplirían, como con el Pacto Antitransfuguismo", sostiene. Vázquez también cree que sería "papel mojado" y culpa al PP.
La crisis ha vuelto menos permisivos a los ciudadanos ante los escándalos. "Esa regla está empíricamente probada. En épocas de bonanza, la gente permite más cosas", afirma Torres Vela. Castillo secunda la tesis a medias: "La crisis empeora la imagen política, pero no cambia el voto".
