Las centrales nucleares podrán prolongar su vida más allá de los 40 años que especificaba hasta ahora la ley tras aprobarse ayer en el Congreso una enmienda de CiU y PNV y apoyada por PSOE y PP que elimina la duración de su funcionamiento.
Los grupos nacionalistas lograron introducir en el Congreso una enmienda al proyecto de la Ley de Economía Sostenible (LES) que abre la puerta a que las centrales nucleares puedan seguir operando más allá de 40 años si sus titulares así lo solicitan, teniendo en cuenta las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la evolución de la demanda y la tecnología.
El texto partió de dos enmiendas de las formaciones de CiU y PNV que buscaban modificar el apartado c) del artículo 79 de la LES, que inicialmente señalaba que el Gobierno "mantendría" el calendario de operación de las centrales "considerando el plazo de 40 años para el que fueron diseñadas". Esta redacción, que el PSOE introdujo en el primer trámite de la ley en la Cámara Baja, desaparece en el texto final, que plantea que el Ejecutivo "determinará" el nivel de participación de la energía nuclear en el mix de acuerdo tanto con "el calendario de operación de las centrales existentes" como con "las renovaciones que, solicitadas por los titulares de las centrales correspondan".
Un cambio de postura por parte de los socialistas que fue censurado por los grupos minoritarios y los ecologistas. Extremo que rechazó ayer el PSOE. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negó rotundamente que haya cambiado la política sobre energía nuclear. También el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, desmintió el cambio de rumbo. "El Gobierno siempre ha dicho que a partir de los 40 años la primera palabra la tiene el Consejo de Seguridad Nuclear y a partir de ahí el Ejecutivo es el que decide en función de unos condicionamientos de seguridad, económicos, sociales y medioambientales", señaló a preguntas de los medios tras inaugurar la planta de Aernnova Composites en Illescas, Toledo. Asimismo, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, apuntó que no se puede interpretar que este acuerdo suponga de facto una ampliación de la operación de las centrales, que acaban su plazo de vida en servicio a partir de 2020.
Sin embargo, el PP, que respaldó la modificación, afirmó que esta acción es "una total falta de criterio" del PSOE. Así, la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, tildó al Ejecutivo de ser un "pro nuclear, un poco nuclear y no nuclear al mismo tiempo".
Por su parte, la diputada de ICV, Nuria Buenaventura, aseguró que el pacto es una "paradoja más de las políticas socialistas", que contradice el "compromiso con sus votantes" de que sólo habría este tipo de energía mientras las instalaciones siguieran en su plazo de vigencia.
También los grupos ecologistas, como Equo o Ecologistas en Acción, censuraron el acuerdo y acusaron al Gobierno de incumplir "de forma determinante, sus promesas electorales". Mientras tanto, la Sociedad Nuclear Española (SNE) expresó su satisfacción porque este acuerdo proporciona "una visión de futuro para mantener un sistema eléctrico sostenible" ya que la energía en España es "escasa".
La confusión se cierne ahora sobre la central nuclear de Garoña, cuyo cierre está previsto para 2013. El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, aclaró que la enmienda introducida a la LES excluye explícitamente a la central de Santa María de Garoña. Sin embargo, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, contradijo sus palabras y estimó que los titulares de Garoña podrían pedir una prórroga si lo vieran conveniente y la CNS le diera el visto bueno.
