La auditoría de la regularidad de los trabajos de la empresa pública Ferrocarriles de la Junta de Andalucía desvela retrasos de hasta el 87% en los plazos de ejecución de los proyectos que acarrean, según el informe de la Cámara de Cuentas, aumentos del importe de hasta el 20%.
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha analizado la gestión de la empresa pública Ferrocarriles de la Junta de Andalucía durante el año 2006 un ejercicio en el que, según las conclusiones generales, esta sociedad cumplió con la normativa vigente. Para realizar su estudio tomó una muestra representantiva, que afecta al 93% del importe de los proyectos adjudicados en ese ejercicio y al 42% de los expedientes de la empresa, cuya competencia se ciñe a los ferrocarriles que discurren en exclusiva por Andalucía.
Sin embargo, al analizar esos contratos -que afectan a obras tan emblemáticas como el corredor ferroviario de la Costa del Sol o el tranvía entre Chiclana y San Fernando- el máximo organismo fiscalizador concluye que se producen significativas modificaciones en los plazos de ejecución y en el coste de las obras.
"De los 25 contratos analizados, cabe destacar que 11 sufren retrasos injustificados respecto al plazo contractual más sus modificaciones posteriores", explica la Cámara de Cuentas en su informe, que está aún pendiente de que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Dejando a un lado los plazos de dos proyectos que analiza por separado por la envergadura que pueden llegar a tener (los metros de Sevilla y Málaga), los plazos se han modificado hasta en un 87% y el importe se ha incrementado hasta en un 20%.
El calendario se incumple, según la Cámara de Cuentas, desde el inicio del proceso. La Ley establece que el órgano de contratación tiene que hace la adjudicación "en el plazo máximo de tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones". Hay expedientes, como el del metro ligero de Granada, el estudio informativo de la conexión de alta velocidad del eje ferroviaria tranversal con Sevilla o el tranvía gaditano en los que ese plazo se llega a duplicar, "desconociéndose los motivos".
Hay otro aspecto que el informe de fiscalización destaca como "significativo". "No consta que ninguno de los contratos finalizados se haya recibido y, por tanto, esté acreditada documentalmente mediante un acta la entrega o realización del objeto", argumenta.
Del mismo tenor son el resto de deficiencias detectadas por la fiscalización de la Cámara de Cuentas, cuyo trabajo de campo para extraer conclusiones culminó el 14 de septiembre de 2007. Destaca, por ejemplo, que haya operaciones en los que no se den a conocer las características básicas de los contratos, a pesar de que la Ley obliga a hacerlo cuando su importe supera los 5,2 millones de euros.
