El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se reunió la semana pasada con los consejeros del ramo de las 11 comunidades gobernadas por el PP para abordar el cambio de dirección que está a punto de tomar la política educativa del Gobierno. En dicha reunión, según fuentes del área de Educación de Castilla-La Mancha y de Castilla y León, los consejeros trasladaron al ministro que la postura "mayoritaria" de sus gobiernos regionales es "no convocar" oposiciones este año. Luego instaron al ministro a que convenza al resto para que haga lo mismo y así evitar un "efecto llamada", es decir, que los aspirantes a profesor de una comunidad se muden a otra para opositar. Para Andalucía, esto significaría retirar la oferta pública de empleo que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado diciembre.
Wert presidirá el jueves la primera conferencia sectorial de Educación, en la que el ministro se reunirá con los representantes educativos de todas las regiones. El consejero de Castilla La Mancha, Marcial Marín, reveló ayer en un desayuno informativo con la revista Magisterio que el ministro les pedirá un aplazamiento de las oposiciones hasta 2013, dado que el límite impuesto por el Gobierno para sacar una oferta de empleo no les da mucho margen. El año pasado, con un tope de plazas semejante, el entonces ministro Ángel Gabilondo instó a las comunidades a hacer justo lo contrario: convocar oposiciones aunque fueran pocas plazas.
El cambio de postura choca de lleno con Andalucía, que ya ha convocado oposiciones de Secundaria para el próximo junio: 2.389 plazas. País Vasco y Cantabria también lo han anunciado, con una oferta inferior (556 y 25 plazas respectivamente). Cantabria está gobernada por el PP y su oferta es tan baja que probablemente se alinee con sus compañeros. Pero es improbable que Andalucía acceda a retirar su oferta a estas alturas: primero, porque la convocatoria ya está publicada en el Boletín Oficial de la Junta (desde el 9 de enero) y miles de profesores han empezado a registrarse en el examen. Segundo: porque se le echarían encima todos los sindicatos de profesores que han apoyado, sin fisuras, el esfuerzo de Educación para preservar la plantilla. Tercero: porque hacerlo supondría agravar el desequilibrio entre el número de alumnos y el de profesores, que ya es de los más elevados del país. Andalucía aporta uno de cada tres nuevos alumnos del sistema educativo nacional frente a otras comunidades que este año verán disminuir su población escolar. Éste es el mismo argumento base que la Junta usó el año pasado cuando el Gobierno socialista también amagó con limitar las plantillas docentes de todas las regiones, sin distinción. La quinta razón es política: la Junta ha hecho bandera de la educación pública y las oposiciones simbolizan ese frente irrenunciable. Hace dos semanas, en una entrevista con El Correo, el consejero Francisco Álvarez de la Chica zanjó su postura: "Si lo que quiere el Gobierno es que quitemos profesores, no lo haremos. Tendrá que recurrir".
El Gobierno de Rajoy no sólo ha mantenido el límite impuesto por el Ejecutivo anterior a la tasa de reposición de los docentes, también lo ha agudizado: de cada diez profesores jubilados, las regiones sólo podrán sustituir a uno. Las comunidades del PP prefieren no convocar oposiciones antes que sacar una oferta tan baja, una postura que ya adoptaron en 2011, aunque al final unas convocaron y otras no.
El veto a las oposiciones en todo el país va dirigido especialmente a Andalucía. En 2011 su oferta de empleo duplicó la del conjunto de regiones y este año podría repetirse. El PP teme el "efecto llamada", pero ese trasvase de personal no se produjo el año pasado. Hubo unos 30.000 opositores, la misma cifra que todos los años. A la Junta no le sentó ayer nada bien que el Gobierno volviera a dar prioridad a las comunidades del PP, como ya hizo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al convocar a sus homólogos antes del Consejo de Política Fiscal. La Junta tildó la reunión de "sectaria" y ayer Álvarez de la Chica incidió en esa idea: "Al PP se le ha olvidado cuáles son las reglas básicas del ejercicio institucional de ser Gobierno". De la Chica se quejó de haberse enterado de las intenciones del ministro por el PP: "No nos gusta enterarnos por los presidentes de las comunidades del PP de lo que va a proponer el ministro. Si quieren consenso, primero diálogo".
La Junta ha repetido fórmula para sortear el límite de plazas (consolidar plazas de interinos y así estabilizar la plantilla) y ha agilizado los trámites de la convocatoria por si Rajoy endurecía el límite. Lo hizo. Ahora la única forma de frenar las oposiciones es recurrirlas en los tribunales.
Las obras en los colegios movilizan ya más de 64 millones
La Consejería de Educación, a través del Ente Público Infraestructuras y Servicios Educativos, tiene obras en desarrollo en infraestructuras educativas de la comunidad por importe de 64,6 millones de euros, una inversión comprometida en equipamientos que se encuentran en construcción o en proceso de contratación. Otros 107 millones corresponden a trabajos en fase de redacción de proyectos, según avanzó ayer el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica. El plan OLA supone una inversión global de 200 millones de euros, 182,4 destinados a las obras y el resto a equipamientos. En total prevé 466 actuaciones en infraestructuras educativas de las ocho provincias y la creación de más de 5.000 puestos de trabajo. El objetivo del plan OLA es doble: por un lado reactivar una parte del sector inmobiliario y fomentar la contratación de parados de larga duración, y por otro remodelar y modernizar los centros educativos andaluces. El proyecto fue aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado 6 de septiembre con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y en su ejecución participan, además de la Consejería de Educación, la de Empleo, a través del Servicio Andaluz de Empleo; y la de Economía, Innovación y Ciencia. La mayoría de estas actuaciones son obras muy demandadas por la comunidad educativa. Al elaborar el mapa de centros en los que se está actuando se han tenido en cuenta, entre otros criterios, que estas obras supongan la contratación de mano de obra en el municipio, dando prioridad en los pliegos a la contratación de desempleados; y que figuraran ya previstas en la planificación por necesidades técnicas o de escolarización. Las obras en los centros escolares se prolongarán hasta el próximo curso escolar, coincidiendo algunas de ellas con las horas lectivas, un elemento que ha sido muy criticado por las asociaciones de padres de alumnos y de profesores, que creen que los ruidos interferirán en el normal funcionamiento de las clases.
