ETA empezó a asesinar el 28 de junio de 1960, pero pasaron 23 años hasta que la banda terrorista abatió a su primera víctima en Andalucía. En los años 60 y 70 los atentados se circunscribieron al País Vasco y a Madrid, y fue a raíz de la política de alejamiento de los presos etarras cuando el terror se ramificó a otras comunidades. En el verano de 1983, familiares del preso etarra Juan Carlos Martínez Bastarrica explicaron a un periódico vasco que su hermano, que sufría un tipo de minusvalía, estaba recibiendo atención sanitaria negligente en la cárcel de El Puerto de Santa María. Meses después un comando de ETA robó un Ford Escort, viajó con él hasta Cádiz, secuestró al médico del penal y dejó su cuerpo en el asiento del copiloto del vehículo con dos tiros, uno en la sien, otro en la nuca. Alfredo Jorge Suar Muro, de 36 años, fue la primera víctima mortal en Andalucía.
Desde entonces, en esta región han muerto asesinadas por ETA 16 personas: 15 hombres y una mujer. Dos médicos, dos concejales y un fiscal fueron acribillados y tres policías, un peluquero, un militar, un funcionario de prisiones, la madre de un funcionario de prisiones, un civil y dos reclusos de una cárcel de Sevilla perecieron en explosiones.
A pesar de esto, el número de andaluces que han fallecido en atentados fuera de la comunidad es mucho mayor. La mayoría de muertos y heridos salvajemente fueron policías o guardias civiles destinados en el País Vasco en la década de los 70 y 80, los llamados años de plomo. "Si les preguntara a ustedes por el nombre de alguna víctima del terrorismo, casi con toda seguridad se les vendría a la mente el de algún político: Miguel Ángel Blanco, Ernest Lluch... Si nos referimos a alguien más próximo, nos acordaríamos de Martín Carpena, de Jiménez Becerril o de Luis Portero. Pero si les preguntase por un policía o por un civil que hubiera resultado herido grave, que fuera de Andalucía o residente en Andalucía, ¿sabrían decirme alguno?".
Así abordó a los diputados del Parlamento el presidente de la asociación de víctimas en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Javier López, hace justo un año, durante el debate en comisión de la Ley andaluza de Víctimas del Terrorismo. López cifra en 170 los agentes andaluces asesinados por ETA, y en 850 los heridos en atentado.
Este "malagueño nacido en Marruecos" era guardia civil destinado en Euskadi cuando fue herido en un atentado en el 79. Recuerda que en aquellos años, para no frustrar a la sociedad por la estéril lucha contra un enemigo invisible, "los ataúdes de las víctimas del terrorismo salían por las puertas traseras de las iglesias (...), a ellos y a los heridos se les trasladaba a sus lugares de origen por las noches, no por razones de seguridad, sino para evitar que las comitivas fuesen vistas por los ciudadanos".
Más allá de los cientos de agentes muertos, la cronología criminal de ETA en Andalucía se detiene en muertes señaladas, como la del concejal del PP en Sevilla, Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García, muertos a los 37 de sendos tiros a bocajarro en la cabeza; o el del edil popular de Málaga, Martín Carpena, acribillado a balazos en julio de 2000 cuando salía de su casa para pronunciar el pregón de las fiestas del Carmen; o el fiscal jefe del TSJA, Luis Portero, de 59 años, al que dos pistoleros descerrajaron varios tiros en la nuca frente a la puerta de su casa, mientras su mujer lo oyó caer desde el otro lado.
La primera Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo se creó en el 95. Su presidente, Joaquín Vidal, interpretó ayer el "cese definitivo de la violencia como algo positivo", aunque advirtió de que ahora "es imprescindible que sigamos manteniendo la unidad de todas las fuerzas políticas". Al oír que la banda ponía fin a 43 años de crímenes, el portavoz de la otra asociación, Javier López, dijo "sentirse reconfortado porque no habrá más muertes".
Años noventa.
En retrospectiva, parece que los años más críticos en territorio andaluz fueron los noventa. En 1990 arrestaron a Henrit Parot con 300 kilos de amonal para volar la jefatura de Policía de Sevilla. En el 91, un paquete bomba causó la muerte de cuatro personas en una cárcel sevillana. En el 97 un coche-bomba explotó al paso de un furgón con civiles que iba a la base aérea de Armilla, matando a un civil e hiriendo a 8. Ese año, el alcalde del Rincón de la Victoria José María Gómez y un edil salieron ilesos de una bomba-lapa en su coche. Tras el asesinato de Jiménez Becerril, en el 98, la Policía desarticuló el comando Andalucía con la detención de cinco etarras.
Durante todo este tiempo, la Costa del Sol ha oído las bombas, con artefactos de escasa potencia destinados a sembrar el pánico e intimidar al turismo. La Policía consideraba que el comando Andalucía, que llegó a poseer una potente cobertura informativa, con nombres de posibles objetivos andaluces, se escondía en Málaga, entre miles de turistas y urbanizaciones aisladas. ETA habría elegido esta provincia para tener una estructura fija en la región. En 2007, la banda intentó fijar un comando estable en el Algarve portugués, que utilizó Huelva como puerta de entrada. Un coche cargado de explosivos fue localizado en la A-49, después de que los terroristas lo abandonaran precipitadamente cerca de Ayamonte. Hacía cinco meses que ETA había roto la tregua con el atentado de la T-4 en Barajas.
