Todos los padres hemos dicho siempre a nuestros hijos que no debían ocultarnos nada: ésa es una de las bases de la convivencia, uno de los pilares de la civilización judeo-cristiana en la que vivimos e, incluso, la religión católica tiene como su columna central el sacramento de la confesión. Pero, al parecer, nada de esto tiene el más mínimo peso para la federación andaluza de colegios católicos, empeñada en no suministrar al Gobierno de Andalucía sus datos sobre agresiones o acoso escolar. "No somos propiedad de la consejería", ha dicho su secretario regional, y se ha quedado tan aliviado como un cimarrón que logra, por fin, romper las cadenas que lo ataban a sus amos.
No están dispuestos a que los centros concertados, esto es, pagados con parte del dinero que todos pagamos cada año -estemos dispuestos o no- al Estado, entreguen a la Administración educativa los datos que se piden legalmente. Pero no lo hacen en aras de la libertad, sino por conveniencia: ya no podrán usar con los padres de alumnos el manido argumento de que allí no hay violencia, dado que no hay inmigrantes ni niños de sectores marginados. Si yo fuera uno de esos padres no estaría tranquilo y sería el primero en exigir la entrega de esos datos en bien de mis hijos. Como no lo soy, me pondré el segundo y lo exigiré porque tiene razón ese secretario general: el colegio no es de la consejería sino mío. De todos.
Antonio Zoido es escritor e historiador
