Andalucía tiene frente a sí un importante desafío cuyo futuro se juega en Bruselas. A la crisis económica, de la que todavía no se ve el fin, se suma, además, que a partir de 2014 dejará de ser una región preferente para captar fondos europeos porque mejora su convergencia con Europa, con lo que pasará a ser una región en transición , esto es, captará dinero europeo pero recibirá menos. No sólo eso. La Comisión Europea, cuyos Estados miembros se hallan sumidos también en un sombrío escenario económico, está recortando de donde puede para tratar de cuadrar las cuentas y he aquí que los fondos estructurales y la partida de ayudas agrarias de la PAC son las principales víctimas de unos Presupuestos con los que no consiguen ponerse de acuerdo y que determinarán el futuro de los países miembros en el horizonte de 2014 a 2020.
En este complicado contexto económico, en el que los países que más aportan (los más ricos) pelean por meter aún más la tijera, mientras que los receptores, como España, tratan de salvar los muebles que puedan, la política para recibir los fondos regionales se transforma en profundidad y es aquí donde Andalucía tiene que hacer los deberes para no quedar fuera del reparto.
Veamos cuáles son las claves de los cambios y cómo reaccionar para evitar un bloqueo de proyectos cofinanciados por Europa porque hay cosas que hasta ahora no se han hecho bien.Para empezar, la Comisión quiere maximizar todo lo posible el resultado de los proyectos que financiará. Pero ¿qué primará Bruselas? Fuentes comunitarias señalan que hay que definir al detalle cada programa, establecer unos indicadores precisos de resultados y no sólo tener en cuenta el efecto inmediato, sino cómo redundará sobre la mejora de vida de los ciudadanos a largo plazo y su potencial. Un ejemplo. En el caso de una infraestructura de transporte, saber cuántos minutos reducirá un traslado y el número de personas que se beneficiarán. Se persiguen metas claras y medibles.
El primer error de partida es la mentalidad mantenida hasta la fecha. España veía llegar dinero de Europa y entonces se pensaba en qué gastarlo. No ha habido una estrategia diseñada con lo que se quería hacer. Ahora es al revés. Toca definir las prioridades.
La Comisión busca en estos tiempos de austeridad mayor eficiencia y control, mucho más control que el mantenido hasta ahora. Por ello, establecerá una evaluación exhaustiva de los proyectos en torno a 2017 para comprobar el buen uso de los fondos. Es lo que se conoce como "reserva de eficacia", que implica de facto que los Estados tendrán que ceder un 5% de las dotaciones nacionales recibidas por tipo de fondo y categoría de región, apostillan las fuentes.
Y también prestará especial atención a que se cumplen lo que han dado en llamar condicionalidad ‘ex ante', es decir, asegurarse de que se dan las circunstancias para que la inversión pueda hacerse efectiva. Por ejemplo, tener adaptado el marco legal a las disposiciones europeas en las materias relacionadas con los proyectos o contar con las estructuras de personal e instrumentos de desarrollo para llevarlos a cabo.
Más cosas. El 60% del dinero que reciba Andalucía, aún pendiente de que se cierre un acuerdo sobre el Presupuesto comunitario 2014-2020, tendrá que enmarcarse en dos objetivos: investigación e innovación y competitividad de las pymes. Y, ojo, apostillan las fuentes, que el capítulo de la innovación no sólo alude al sector TIC, también abarca aspectos como la mejora de la comercialización del atún de Barbate o impulsar el sector logístico, que no se aprovecha en todo su potencial.Prestemos atención a la conexión con puertos y ferrocarril.
El 20% restante tendrá que orientarse hacia la eficiencia energética y las energías renovables, donde la comunidad está bien posicionada. Son porcentajes que tendrán que cumplir las regiones más desarrolladas y las que están en transición, este último, el caso andaluz. También por esta razón el dinero del Fondo Social Europeo (FSE) representará el 40% del total de las ayudas.
La cofinanciación, uno de los temas que preocupa a la Junta, podrá alcanzar un máximo del 60% para Andalucía. A este respecto, Francisca Pleguezuelos, delegada de la Administración autonómica en Bruselas, precisó ayer que se pelea, entre otras cuestiones, no tener que asumir el pago del IVA en los proyectos, porque si no las comunidades asumirían mayor cofinanciación de la estipulada.Otro aspecto a tener en cuenta es que un mismo proyecto podrá nutrirse de varios fondos: ya sean Feder, FSE o de cohesión y se vincularán los pagos a los resultados. Se trata en definitiva de definir de forma muy calculada los proyectos y hacer los números del impacto positivo que tendrán sobre la población para que Andalucía no sufra un castigo adicional en una coyuntura económica especialmente delicada.
De los 336.000 millones que conformarán la partida de las ayudas europeas (que absorben un tercio del Presupuesto comunitario), 38.900 millones están reservados para las regiones en transición como es el caso de Andalucía y de Galicia, un 11,6% del total, que buscarán cubrir las necesidades de una población de 72,4 millones de personas.
