Por María José Atienza 
Fernando Giménez Barriocanal presentó el pasado lunes la memoria justificativa de actividades de la Conferencia Episcopal, el documento en el que se refleja toda la actividad económica de la Iglesia española. / M.J.A.
El día 9 la Conferencia Episcopal Española presentaba, de una manera muy diferente a la habitual, su Memoria Justificativa de Actividades: una visión 360º de la labor de la Iglesia en España. ¿Por qué ese cambio de formato? El objetivo de la presentación era intentar dar a conocer lo que la Iglesia es y expresa en nuestra sociedad. La Iglesia anuncia la Buena Noticia y para eso necesita recursos; por eso tiene medios: colegios, catequesis, medios de comunicación
La Iglesia vive la Fe y por eso la celebra en las parroquias y en la inmensa actividad sacramental y la Iglesia acompaña a la persona y se da a los más necesitados: esta labor de acompañamiento que se da en las parroquias y en otras instituciones religiosas y no solo de cuidado del alma sino también del cuerpo, la inmensa labor asistencial: son esos tres fines: anunciar la Buena noticia, vivir la Fe y darse a los demás lo que quisimos proyectar en esta presentación y lo que se recoge en la memoria.
Esta nueva forma de presentación, ¿es un paso más en el ejercicio de la transparencia? La Iglesia no tiene miedo a la transparencia, todo lo contrario. La Iglesia quiere y sabe que cuanto más transparente es y más comunicación da de su razón de ser, está comunicando su propia esencia y eso siempre es un bien para la sociedad y para la propia Iglesia. Es una buena oportunidad para cumplir los fines propios de la Iglesia: dar a conocer este mensaje que salva y que da alegría al corazón del hombre.
Puede parecer que sólo se hacen estos despliegues cuando se habla de dinero
Fundamentalmente de dinero se habló tres minutos. El resto del tiempo se mostró lo que la Iglesia se está dando en los núcleos rurales de España, en la labor misional, lo que realiza en la labor educativa, en la cultural o en la inmensa labor asistencial.
Es importante rendir cuentas. Siempre hay esa idea detrás de una especie de oscurantismo y no es así. Total claridad, revisión de cuentas para que nadie piense que hay algo detrás oscuro. Las cosas se hacen con dinero pero lo importante no es el dinero.
En la memoria se pone de manifiesto que la mayor parte de los ingresos de la Iglesia procede de aportaciones directas que gestionan las propias diócesis, ¿eso es auditable? En el proceso de revisión de la memoria se han examinado estos datos. ¿Cómo se revisan? Como cualquier otra auditoría: mediante técnicas de muestreo. Se ha seleccionado, en este caso, información relativa a unas 14 diócesis en las que en algunos casos se ha ido a verificar la información a la administración diocesana, y en otros casos a parroquias concretas que se han visitado, se ha comprobado cómo llevan la contabilidad, dónde están las facturas de gastos, las facturas de ingresos... Todo es comprobable.
A pesar de la crisis, el porcentaje de personas que han marcado la X en la casilla de la Iglesia ha ascendido ligeramente el pasado ejercicio
¿Tenemos más conciencia de la asistencia de la Iglesia en estos momentos? Creo que es un milagro que cada año nueve millones de contribuyentes marquen la casilla de la Iglesia (declaraciones individuales y conjuntas). La Iglesia es la única institución que se somete a un referéndum tan masivo de manera anual y que, en un momento tan complicado como es hacer la declaración de la Renta, la gente se acuerde de ese compromiso con la Iglesia es muy relevante. Teniendo en cuenta que hay además, más de seis millones de contribuyentes que no hacen la Declaración de la Renta porque no llegan a los mínimos y porque hay mucha gente que no tiene ingresos (jóvenes, niños...), significa que el apoyo que tiene la Iglesia en la sociedad a día de hoy sigue siendo muy importante.
La X en el impreso de la Declaración de la Renta ¿no significa un privilegio de la Iglesia católica con respecto a otras confesiones? En primer lugar, con relación a otras finalidades básicas de la sociedad no es ningún privilegio. Mientras que otras finalidades básicas están financiadas directamente por decisión unilateral del Gobierno: voy a dar tanto a la cultura, tanto al teatro tanto al deporte, al cine
aquí lo que recibe la Iglesia lo deciden los contribuyentes.
En relación a las otras confesiones, me consta que la Administración está abierta a abrir la casilla a otras confesiones religiosas. La mayoría no quiere porque prefiere seguir como está: tienen un régimen de colaboración y de asignación, en este caso directa, a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Desde luego la Iglesia católica en España, al igual que ocurre en Italia, no tendría ningún problema en que existieran otras asignaciones a confesiones religiosas.
Entonces, ¿no es verdad que haya una partida especifica para la Iglesia como la hay, por ejemplo, para la cultura? No. La única partida que hay para el sostenimiento de la Iglesia es la que hay en la declaración de cada uno de los contribuyentes. No existe una partida en el presupuesto del Estado para el sostenimiento de la Iglesia.
Es decir que, si nadie marcara la casilla
Si nadie marcara la casilla, la Conferencia Episcopal Española recibiría cero euros para el mantenimiento de las diócesis, de las parroquias de España.
En la memoria aparece un dato llamativo: cada euro donado a la Iglesia rinde como 2,40 euros en el mercado. ¿De dónde procede esta equiparación? Este dato se extrae del estudio estadístico que se realiza de la labor de la Iglesia. En España en la actividad pastoral y asistencial se destinan 48 millones y medio de horas. Se sabe cuántas las destinan los sacerdotes, cuántas los voluntarios. Sabemos cuál es el coste medio de horas en España, en función de los distintos niveles profesionales. Hemos buscado un coste medio por hora, bajo, teórico, y sabemos que las diócesis españolas gastan en su actividad 807 millones de euros, cuando realmente esas horas en esos servicios que están prestando, esos 48 millones de horas equivaldrían aproximadamente, con un coste muy prudente, a algo más de 1.800 millones de euros. Por eso un euro en la Iglesia rinde como 2,40 en el mercado.
Hace unos días, la Conferencia Episcopal entregó a Cáritas, una partida extraordinaria de más de seis millones. Dentro del total del presupuesto, ¿no le parece poco? Esta es una partida absolutamente excepcional. Cáritas, que tiene una partida presupuestaria importante, de más de 200 millones de euros, se financia fundamentalmente desde la propia Iglesia porque es la propia Iglesia la que participa en su actividad de voluntariado, es la Iglesia la que aporta, las Cáritas reciben el dinero en las parroquias, etc.
La Conferencia Episcopal Española ha querido tener un gesto adicional además de todo, el fuerzo, ha querido que de su propio dinero, del dinero que podría ir destinado a las administraciones diocesanas, o a actividades pastorales, también se detrajera esta cantidad porque hoy en día la situación de crisis lo merece.
Los últimos escándalos financieros en el IOR, en alguna institución eclesial, ¿no pueden llevar a algunas personas a desconfiar de la gestión que la Iglesia hace del dinero? ¿Cómo se asegura que cada euro donado llegue a su destino previsto? Hay que destacar que, desde que funciona el sistema de la Asignación Tributaria, desde el año 1987, la Iglesia rinde cuentas hasta del último céntimo de todo el dinero que recibe de la Asignación Tributaria. El Ministerio de Justicia tiene copia de la contabilidad de la CEE. Luego hay una total transparencia en ese sentido. Además hemos pedido a una auditora de máximo prestigio (PwC) que revise nuestra memoria para verificar que los datos contenidos son sostenibles.
Antes de que se aprobara la Ley de Transparencia en las administraciones públicas la Iglesia ha hecho una apuesta decidida por comunicar y dar a conocer cuál es su realidad. No sólo en España, también en El Vaticano se han iniciado una serie de procesos, se han realizado auditorías de todas las instituciones que han verificado toda la actividad que se desarrolla allí.
La expresión «vivir mejor que un cura» ¿es real? ¿Cuánto cobra un sacerdote en nuestro país? ¿Y un obispo? Es perfectamente conocible porque nosotros lo hemos dicho más de una vez. Los sacerdotes viven modestamente. Yo no digo que vivan en la miseria, pero viven modestamente, porque una persona con 750, 800 o 900 euros al mes vive modestamente. Hay mucha gente que vive peor que un cura; sin duda alguna, los curas tienen un techo donde vivir, cubrir sus necesidades básicas
pero en general, la mayor parte de los sacerdotes en España no está para demasiados lujos. Un obispo tiene una asignación de 1.225 euros al mes. Probablemente muchos gastos ya los tiene cubiertos, pero su realidad personal, del dinero del que dispone y con el que hacen muchas obras de caridad como me consta en muchos casos es ése dinero. No viven en la miseria, pero viven modestamente, como corresponde a su estado.
La Iglesia posee en nuestro país más de 3.000 bienes inmuebles de interés cultural y 22 bienes culturales Patrimonio de la Humanidad. Al ser de titularidad eclesiástica, ¿no supone un hándicap para su pluralidad? ¿No sería mejor que estuvieran gestionados por el Estado? Habría que distinguir varias cosas. En primer lugar, la Iglesia posee bienes que no han sido usurpados, ni nada por el estilo: son fruto del trabajo, de las donaciones, del esfuerzo de millones de cristianos durante veinte siglos en España.
Son bienes de la Iglesia desde mucho atrás, mucho antes de que existieran los registros de la propiedad. La Iglesia no quiere los bienes para ser más rica, ni especular, los tiene para cumplir sus fines: predicar la Buena Noticia, vivir la Fe, darse a los demás.
Esos bienes están siendo administrados por la Iglesia lo que significa que la Iglesia los limpia, los repara, mantiene la seguridad, los mantiene en uso ahorrándole mucho dinero a la administración pública. Además los pone a disposición de la sociedad, lo que supone, en términos económicos una aportaciones muy importante por los ingresos turísticos que se derivan.
La Iglesia tiene que cumplir su misión y por eso lo hace. Realmente para el estado y para la sociedad resulta muy cómodo que la Iglesia mantenga esos bienes y que lo haga con un cariño enorme.
La Iglesia tiene que preservar la titularidad porque es muy importante preservar para qué fueron hechos esos bienes: se hicieron para rezar, para descubrir la Buena Noticia
y hay que preservar esa finalidad última para los que se hicieron pero están abiertos a toda la sociedad.
Uno de los puntos de la memoria habla de la labor educativa. Señalan en ella el ahorro que la escuela concertada supone para el Estado. Entonces, ¿por qué es tan discutida? ¿Una escuela concertada de inspiración cristiana recorta posibilidades de elección? Hay dos cosas básicas. La Constitución española establece el derecho a la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza quiere decir además que los padres tienen derecho a poder educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones, esto no es una imposición; esto es una propuesta. La propuesta de la escuela católica es la posibilidad de que los padres puedan, si quieren, educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. A nadie le obliga a otra cosa. Los padres católicos forman parte de la sociedad, son igualmente ciudadanos con sus derechos y quieren que sus hijos se eduquen en esos centros en libertad y en respeto a la democracia. Esto no supone ninguna discriminación contra nadie. La realidad es que la mayoría de los colegios concertados tiene una demanda muy superior a la que pueden asumir. Es decir, hay una demanda real de padres que quieren que sus hijos estudien en la concertada.
Además de esto, en esas plazas, el esfuerzo económico que tiene que hacer la administración publica para cubrir esos centros es muy inferior, no sólo porque esos centros son administrados, construidos y mantenidos por las instituciones de la Iglesia, sino porque realmente lo que le cuesta una plaza a la administración pública en un colegio concertado es casi la mitad de lo que le cuesta esa misma plaza en un centro público. Eso supone que, con datos del Ministerio de Educación, en un año el ahorro que tienen las administraciones públicas es de más de 3.600 millones de euros. Pero lo importante de todo esto es que los padres tienen derecho a elegir, que no se discrimina a nadie, que lo democrático es que podamos decidir qué queremos para nuestros hijos sin excluir a nadie. Si además existe una demanda real y le ahorran dinero al Estado no veo por qué no haya que dar un paso decidido por la libertad y por la democracia.
